Lorca

Nueva condena de un millón de euros por los fallidos convenios urbanísticos

El Ayuntamiento ha solicitado el pago fraccionado de las indemnaciones, que suman 6,3 millones

09.07.2016 | 04:00

El ayuntamiento de Lorca ha sido condenado a devolver 1,1 millones de euros a una sociedad promotora por uno de los 17 convenios urbanísticos fallidos para recalificar suelo rústico como urbano que se suscribieron en 2005 con la previsión de construir 86.000 viviendas que no llegaron a edificarse. El concejal de Economía, Fulgencio Gil, dio cuenta ayer de la nueva sentencia, que obliga al Consistorio a la devolución del dinero adelantado en su día al Ayuntamiento en concepto de fianza por la sociedad compuesta por Gran Hábitat Valladolid y Grupo Riquelme.

Se trata, según ha indicado, de la décima sentencia condenatoria contra el ayuntamiento por el mismo motivo, por lo que el montante económico a devolver por mandato judicial ya asciende a 6,3 millones de euros.

Hasta ahora, de las diez sentencias el Consistorio ha dado cumplimiento a dos y ha saldado con los promotores la devolución de 591.000 y 876.000 euros y está pagando a plazos el dinero correspondiente a otras condenas.

Gil ha anunciado que en el caso de esta nueva sentencia el Ayuntamiento solicitará al juzgado su fraccionamiento a cinco años, siguiendo la misma fórmula que ya utilizó en mayo cuando escribió a los juzgados solicitando el pago a plazo de los 2,2 millones de euros que tiene que devolver a otros tres promotores urbanísticos.

El consistorio permanece a la espera de un pronunciamiento judicial sobre su petición de pago aplazado en esos casos, relacionados con los convenios suscritos en su día con Grupo Generala y Terracamp. El ayuntamiento se ampara en el apartado cuarto del artículo 106 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que recoge que «si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda lo pondrá en conocimiento del juez o del tribunal, acompañado de una propuesta razonada para que se resuelva el modo de ejecutar la sentencia en la forma menos gravosa para aquella».

Según el informe municipal la devolución de esas cantidades supondría el incumplimiento de los plazos máximos de pago a proveedores, la imposibilidad de saneamiento del remanente negativo de tesorería, la necesidad de elaborar un plan económico-financiero y continuas tensiones de liquidez en sus cuentas.

Además Gil ha afirmado que el consistorio espera para las próximas semanas otra sentencia condenatoria por 1,4 millones más.

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