Torre Pacheco

El Ayuntamiento reclama al exalcalde los 52.000 euros que costó su defensa

García Madrid cargó sus gastos al Consistorio en el caso por el que fue condenado por prevaricación

26.05.2016 | 04:00
Daniel García Madrid.

El proceso que desembocó en la condena por prevaricación administrativa del exalcalde popular de Torre Pacheco Daniel García Madrid le va a costar algo más que la alcaldía. Y es que ahora, el ayuntamiento de Torre Pacheco le va a reclamar los 52.500 euros que costó su defensa en el largo proceso judicial iniciado contra él, dos de sus concejales y el que fuera interventor del Ayuntamiento durante su mandato, por un delito continuado de prevaricación administrativa por fraccionar en diferentes contratos la realización de unas obras en un polideportivo de Dolores de Pacheco para evitar que tuviera que salir a licitación y poder adjudicar los trabajos directamente.

En total, ese proceso, cuyos costes cargaron al Ayuntamiento tres de los cuatro implicados (además de exalcalde, el edil José Saura y el interventor Miguel Pérez), supuso un gasto de 85.000 euros, que ahora serán reclamados a los condenados, según confirmó ayer a esta redacción el concejal de Hacienda, Carlos López.

Ese será uno de los puntos que se lleve hoy al pleno municipal y que es el último paso de un proceso iniciado en octubre del pasado año, unos meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de condena contra los cuatro denunciados.

En concreto, el pleno tiene previsto aprobar la apertura del expediente para solicitar la devolución de los 85.000 euros que suman las defensas de tres de los implicados (el cuarto, el edil Santiago Meroño, pagó de su bolsillo al abogado).

Al respecto, el edil de Hacienda llama la atención por el alto coste que supuso la defensa del exalcalde, que casi cuadriplica el gasto en abogados de los otros dos condenados, 16.000 euros cada uno (32.000 euros entre los dos). López recuerda, asimismo, que la Ley actual permite que los miembros de la Corporación que se enfrenten a causas judiciales por razón de su cargo puedan cargar al Ayuntamiento los gastos de sus defensas pero, si son condenados, están obligados, también por esta normativa, a devolver ese dinero.

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