El actual equipo de gobierno de Caravaca de la Cruz ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades detectadas en el asfaltado de una calle, de propiedad privada, adyacente al polígono industrial de la localidad, informaron fuentes jurídicas y confirmaron desde el Consistorio.
Ahora, la Fiscalía ha de analizar la documentación aportada por la actual Corporación municipal, con el fin de determinar si se habría dado una supuesta prevaricación, de la cual sería responsable, en última instancia, el anterior regidor, el popular Domingo Aranda (PP), cuyo nombre también aparece en el caso de corrupción urbanística de El Roblecillo.
En el caso de que el asunto siga su curso, sería remitido al juzgado de Caravaca de la Cruz, al ser esta la ciudad donde se cometieron los hechos.
Fuentes municipales apuntaron ayer que el asfaltado de la calle en cuestión comenzó a levantar sospechas cuando alertó sobre el caso la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. «La Asesoría Jurídica detectó presuntas irregularidades», aseguran desde el Ayuntamiento, al tiempo que dejan claro que con esa adjudicación «no tiene nada que ver» el actual equipo de gobierno (PSOE).
«Limpiar la casa un poco»
«Cuando uno entra en una casa, lo primero que tiene que hacer es limpiarla un poco», dicen desde el Consistorio caravaqueño. Así, este equipo de gobierno, cuando tomó posesión en junio, se encontró con la obra de la polémica «ya terminada, sólo a la espera de que cobrase la empresa» por efectuar los trabajos de asfaltado. Tomó la decisión, en ese momento, de paralizar los pagos a la empresa en cuestión, pese a que «estaba todo aprobado por la Mesa de Contratación».
«Lo que hizo el equipo de gobierno fue paralizar los pagos para investigar qué se estaba pagando», dijeron.
Los trabajos, de hecho, concluyeron en mayo, poco antes de los comicios municipales en los que José Moreno tomaba el relevo de Domingo Aranda.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que el polígono industrial «está completamente urbanizado desde hace cerca de treinta años», y que la calle adyacente «es de propiedad particular» y «no pertenece propiamente al polígono».
La corporación socialista, dirigida por José Moreno, decidió poner en manos de Fiscalía los informes aportados por los técnicos, con el fin de no ser partícipes de presuntas irregularidades.
