Los vecinos de Camposol están dispuestos a luchar por una «vida digna». Para ello afirman que están dispuestos a acudir al Gobierno de España a trasladarle el problema de esta urbanización si a nivel regional no se soluciona.

Representantes de la Asociación de Vecinos de Camposol comparecían ayer en la Comisión de Política Territorial, en la Asamblea Regional, para dar a conocer los múltiples problemas que sufre esta urbanización desde hace dos décadas. La vicepresidenta de la asociación de vecinos, Silvana Buxton, ha denunciado que «ninguno de los trabajos» de construcción de las viviendas se hizo bien desde el inicio.

Se trata de una urbanización de unas 4.000 viviendas, ubicada en el término municipal de Mazarrón, aquejada con problemas de inundaciones, ya que cerca de 550 casas se construyeron sobre el cauce de una rambla, así como falta de salubridad y de servicios básicos.

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento no supervisó los trabajos de construcción de la urbanización y que «ahora nos encontramos con muchas viviendas que se están hundiendo porque habían sido construidas sobre una colina». Asimismo, alertan de que ni el Consistorio ni la Confederación Hidrográfica del Segura estaban al corriente de las viviendas que se construyeron sobre el cauce de la rambla y que los dueños de las mismas no tienen el certificado de ocupación y el Ayuntamiento se niega a emitirlo. «Hay muchos dueños que han comprado la casa y no se le ha dado la escritura y algunos tienen en la escritura la palabra de que han comprado una parcela o una finca en construcción y no una casa», apunta Buxton.

Apunta que los habitantes de esta zona son extranjeros y que muchos habían dado su confianza a la promotora, al Ayuntamiento y a los profesionales que se encargaron de urbanizar la zona, pero que por culpa de la «negligencia» de empresas y partidos políticos se han encontrado con esta situación. Afirman sentirse «abandonados» por el Ayuntamiento y conservan la esperanza en que la Región se haga cargo y les ayude a «obtener una vida digna»; de no ser así recurrirán al Gobierno de España.

Por su parte, el socialista Alfonso Navarro propone que la Comunidad asuma las competencias urbanísticas para solventar los graves problemas que tiene esta urbanización, ya que, en su opinión, «el Ayuntamiento ha dado suficientes muestras de no ser capaz de dar soluciones». La diputada de Podemos, María Giménez, asegura que se desmonta un «caso de estafa y violación de los derechos humanos» y el diputado de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, añadía que para él se trata de una «negligencia».

Por parte del PP, Víctor Martínez Carrasco ha dicho que antes de nada es «fundamental» escuchar a todas las partes y recordó que se ordenará una visita a la zona y se «determinarán responsabilidades».