Los Alcázares

El ayuntamiento de Los Alcázares recibe un «tirón de orejas» por inquina a un empleado

El juez dice que el Consistorio no quería que el coordinador de Protección Civil «volviera a su puesto ni a ningún otro»

27.04.2016 | 12:29

El ayuntamiento de Los Alcázares actuó con desviación de poder cuando en el pleno de febrero de 2014 acordó amortizar la plaza de coordinador de Protección Civil, según se indica en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número Uno de Cartagena, que ordena la reincorporación de la misma en la plantilla de personal municipal.

La sentencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, da un varapalo al consistorio y señala que la verdadera razón de la medida adoptada no fue la situación económica del ayuntamiento, sino que este no quería que el coordinador pudiera volver tras dos años de excedencia.

«No existen -dice el juez- las razones que se alega fundaron la amortización de la plaza, sino una única voluntad, que no es otra que el funcionario recurrente, Sergio Gil- no vuelva a su puesto de trabajo ni a ningún otro». Añade la sentencia que un indicio que apunta en esa dirección es que el ayuntamiento no hizo esfuerzo alguno para reubicar a este funcionario.

«Es lo cierto -dice el Juzgado de lo Contencioso- que dos años después de haber terminado el plazo de la excedencia voluntaria, el mismo sigue sin trabajar, y, por tanto, sin cobrar, y que el ayuntamiento del que es funcionario nada ha hecho para buscar una solución, cuando existen bajas, interinidades, etc. que podrían haber sido cubiertas ofreciéndole trabajo».

Es más, el juez reconoce que la finalidad del Ayuntamiento en todo el procedimiento denunciado «fue separar de su puesto el recurrente sin más justificación que la inquina del equipo de gobierno municipal».

La resolución concluye que la consecuencia jurídica de la misma no es otra que la incorporación en la plantilla de personal de los Presupuestos de 2014 del puesto de coordinador de Protección Civil, con la consiguiente dotación económica. El juez impone las costas del proceso al Ayuntamiento.

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