El juzgado de Mula investiga si el arquitecto municipal de Pliego, Antonio Botía, cometió un delito de falsedad en documento público, tal y como informaron fuentes judiciales a este periódico.

En concreto, las actuaciones se inician a raíz de una denuncia de Fiscalía, hace menos de un mes, al detectar una supuesta infracción administrativa. Según esto, Botía habría elaborado dos informes del mismo asunto, para sustituir un documento por otro y simular así que no hubo invasión del vial público en la construcción de un muro que realizó una empresa de Pliego en el casco urbano.

Si se confirma la existencia de falsedad en documento público, Botía, por ser funcionario público, podría enfrentarse a una pena de tres a seis años de cárcel, según se contemplan en el Código Penal.

Asimismo, también ha de investigarse si los responsables de la empresa habrían cometido, con el levantamiento del muro, un delito relacionado con la organización del territorio y urbanismo.

En 2014, el arquitecto fue absuelto en el caso del pub ruidoso (asunto que acabó costando la alcaldía a Isabel Toledo), porque, según la sentencia, aunque se apreciaba «desidia e indolencia» en su actuación, no quedó probado que ello se debiese a un pacto con la regidora para no actuar de acuerdo a la ley. Antonio Botía se enteró ayer por LA OPINIÓN de este nuevo frente judicial que le salpica. Desde su entorno se asegura que «desde el Ayuntamiento se han seguido todos los pasos pertinentes sobre este caso desde que se recibiera denuncia por parte de Policía Local de una obra ilegal correspondiente a una nave y un muro».

«Así, después de la visita de los técnicos al lugar y de emitir el correspondiente informe certificando que las obras carecían de licencia de obras, se tramitó sanción administrativa para ambos casos», añaden estas fuentes.

Respecto a la nave, se consideró que la actuación no incurría en ilegalidad y tras emitir la denuncia pertinente y solicitarse los permisos necesarios se legalizó la obra y se dieron las autorizaciones necesarias para su fin. En el caso del muro, diversos informes técnicos desde el Consistorio certifican resolución no legalizable para la obra, por lo que finalmente se tendrá que proceder al derribo del mismo.