El ayuntamiento de Los Alcázares, del PP, cuyo equipo de gobierno está ahora de plena actualidad por estar imputados seis de sus ocho concejales, incluido su alcalde, Anastasio Bastida, como presuntos autores de hasta cuatro delitos por las obras de rehabilitación del pantalán del muelle de la Pescadería, acumula en sus cajones facturas sin pagar y, lo que es más grave, sin consignar en los presupuestos, por valor de 280.000 euros, sólo del año 2014. Unas deudas que afectan a servicios básicos como el pago del suministro eléctrico en los edificios municipales y que llevó al equipo de gobierno a aprobar en enero, en un pleno convocado con carácter urgente, un reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 229.000 euros para pagar parte de lo que adeudan a Iberdrola y evitar así el corte del suministro.
Así lo asegura el portavoz del grupo municipal socialista en este Ayuntamiento, Chema Gil, que denuncia que fue el propio interventor municipal quien alertó de que estos gastos «se han contraído sin consignación presupuestaria en ejercicios anteriores a 2015», por lo que, cumpliendo con lo establecido en la Ley, emitió una nota de reparo a la propuesta del equipo de gobierno de aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo a los presupuestos de 2015 para hacer frente a estos 280.000 euros de deuda que arrastra, en su mayoría, desde 2014.
No obstante, el interventor, en su informe, también recuerda que para solventar esta situación, «y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de estas actuaciones administrativas», el Ayuntamiento puede llevar dicho expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para que sea el pleno el que decida si lo aprueba o no. Y eso es lo que el equipo de gobierno ha intentado, aunque en el pleno se ha encontrado con la negativa de los grupos de oposición (PSOE, IU y Ciudadanos), según recuerda el propio Gil, «a excepción de lo concerniente a la deuda que se mantenía con Iberdrola, asunto en el que decidimos abstenernos para evitar que nos cortaran el suministro, aunque lo hicimos con la nariz tapada, porque este asunto huele muy mal».
Entre los acreedores del Ayuntamiento se encuentra, además de Iberdrola, el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos (Cogersol), al que se deben casi 92.000 euros; la empresa encargada del mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas (14.691?); Urbaser, encargada del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos (90.689?); y Esamur, en concepto de canon de saneamiento (8.682 ?).
Y esto sólo en lo que se refiere a 2014. A esto habrá que sumar las facturas pendientes y sin consignar de 2015, según alerta el propio portavoz socialista, que ya está investigando este asunto por si fuera susceptible de ser llevado a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas.
Ni el alcalde ni el concejal de Hacienda han querido hacer declaraciones al respecto.
