El convento de San José en Caravaca de la Cruz, fundación directa de Santa Teresa de la Cruz, será subastado el próximo 9 de marzo por orden judicial debido a las deudas que acumula la empresa que adquirió el inmueble en el año 2003. Así se desprende del anuncio de la página de subastas electrónicas del ministerio de Justicia, que fue enviada por el Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

El inmueble, que tiene una superficie de 1.760 m2, sale a subasta por un precio de 2.898.044,29 euros, muy por encima de su valor de compra y debido a la situación económica actual de su propio valor de mercado, lo que muy probablemente provocará que ninguna persona se interese por este inmueble catalogado como BIC de estilo barroco y que data del siglo XVII.

Según el propio anuncio, las personas interesadas en participar en la subasta deberán realizar previamente una consignación de 144.992,21 euros.

En el año 2003, tras más de seis años intentando abandonar la ciudad, las madres carmelitas abandonan definitivamente la fundación creada por Santa Teresa en 1576. Una decisión que provocó un revuelo en la sociedad caravaqueña. La congregación vendía el inmueble, a través de la intermediaria Umbert Royal, a varios empresarios murcianos, entre ellos José Manuel Villegas, Miguel del Toro y Fulgencio Belando, bajo el nombre de Parador del Convento, S. L. El propósito de la empresa que adquirió el inmueble fue la construcción de un hotel, en la zona donde se encontraba el convento, y la posterior cesión a la Diócesis de Cartagena de la Iglesia de San José; pero con la llegada de la crisis, la construcción del hotel se paralizó y hoy, por orden judicial, se ordena el embargo del inmueble.

A lo largo de estos 16 años, con el convento cerrado, se han intentado, sin éxito, que alguna institución o empresa privada adquiriera el inmueble. Se ha llegado incluso a especular con que otra congregación se hiciera cargo de parte del convento y el resto estuviera destinado a la formación.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos van a instar al Grupo Parlamentario en la Asamblea a que «hagan todo lo humanamente posible e imposible para que el próximo día 9 este edificio pase a ser Patrimonio del Estado o de la propia Comunidad de Murcia».