La consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del Instituto de Turismo, va a intensificar las labores dirigidas a la detección de acampadas ilegales de autocaravanas e impondrá sanciones de hasta 1.000 euros dentro el Plan de Inspección diseñado para 2016. El director general del Instituto, Manuel Fernández-Delgado, recordó a los ayuntamientos de la Región «la importancia de que las administraciones locales pongan en marcha medidas de persuasión que ayuden a disminuir las acampadas irregulares en zonas públicas».
En este sentido, Fernández-Delgado trasladó a los ayuntamientos de la Región la disposición del Instituto de Turismo a «colaborar en la lucha conjunta contra la acampada libre de autocaravanas». Asimismo, Fernández-Delgado valoró que «hay ayuntamientos que ya han adoptado acciones específicas de lucha contra las acampadas ilegales de autocaravanas en sus municipios», y señaló que «estas acciones han ayudado a disminuir las incidencias». Al respecto, el director del Instituto de Turismo citó como ejemplo una campaña informativa del ayuntamiento de San Javier a través de dípticos en cinco idiomas, en los que se avisaba de la prohibición de aparcar en zonas no destinadas a la acampada.
Además, creó un registro de vehículos que habían sido informados por la Policía Local, que permite sancionar a los propietarios reincidentes.
El comunicado de Turismo llega después de la petición de la alcaldesa de Águilas de convocar una cumbre entre Comunidad y ayuntamientos costeros para abordar el vacío legal ante la proliferación de caravanas en las playas.
Plan de Inspección 2016
El director del Instituto de Turismo avanzó que «hemos reforzado el Plan de Inspección, y nos reuniremos en los próximos días con los ayuntamientos para ayudarles a definir las acciones para reducir y prevenir las acampadas ilegales». Además, el plan incidirá en la búsqueda, en zonas de costa y de interior, de aquellas caravanas que no cumplan la normativa vigente. «El que las autocaravanas aparquen en zonas indebidas, no habilitadas, puede generar una situación de competencia desleal que afecta negativamente al tejido turístico empresarial de la Región», añadía.
