Un grupo de trabajadores de la empresa Derivados Químicos de Alcantarilla volvió ayer a la calle para mostrar su preocupación por el futuro de la fábrica, sobre la que pesa en la actualidad, una orden de cierre, que aún no se ha ejecutado y contra la que la dirección ha presentado un recurso por vía contencioso-administrativa.
En esta ocasión, una veintena de empleados de la química se personó a la entrada del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, asistía a un acto. Allí le hicieron entrega de un documento en el que afirman «que la empresa es segura, que está comprometida con el medio ambiente y la salud de la plantilla y que dispone de normas de calidad legalmente establecidas. Además, aseveran que los indicadores biológicos del total de la plantilla, obtenidos en los sucesivos reconocimientos médicos obligatorios, no han reflejado ninguna enfermedad profesional de ningún trabajador, relacionados con la actividad de la empresa y las sustancias que se manejan».
Técnicos y directivos de la empresa y de la consejería de Medio Ambiente han mantenido en los dos últimos días sendas reuniones para tratar de establecer una solución efectiva que pueda satisfacer a ambas partes. Al respecto, desde la empresa aseguran que «las posiciones se han aproximado y, aunque se trata de una situación compleja dadas las características técnicas y el volumen de información que hay que evaluar, ambas partes se han comprometido a estudiar todas las alternativas que garanticen la continuidad de la planta productiva».
También ayer, los miembros del comité de USO de Derivados Químicos, SAU, central sindical mayoritaria en la empresa, hicieron público un comunicado en el que señalan «que el problema que ha llevado al cese de la actividad de la factoría no ha tenido correspondencia con la realidad», pero ha pedido a la empresa que presente un plan de actuación con medidas «garantistas» y a la administración competente que cree una comisión de seguimiento.
