Abanilla

Una inmobiliaria ultima la compra de Proambiente con sus 8 millones de deuda

Canales y Negocios del Mediterráneo, una empresa con sede en Orihuela, quiere recuperar la actividad de la planta de transferencia - Propone inyectar cuatro millones de euros para cubrir deudas y otro más para asegurar la continuidad de la plantilla

17.11.2015 | 02:04
Imagen de las instalaciones de la planta de Proambiente, ahora cerradas.

Canales y Negocios del Mediterráneo, una empresa con sede en Orihuela, está ultimando un proceso de negociación de compra de la totalidad de Proambiente, con la planta de residuos y su patrimonio de suelo. Según esta firma, especialista en la gestión, administración y comercialización de activos inmobiliarios, Proambiente ha presentado preconcurso de acreedores y sus actuales propietarios –cinco miembros de la familia Fenoll– están interesados en la venta de la sociedad, que no ha podido superar los procedimientos administrativos y judiciales abiertos en la Región, para darle continuidad a su actividad principal de eliminación de residuos en Abanilla. De hecho, la actividad en el vertedero aún abierto está paralizada por orden de Medio Ambiente, que ha comenzado ya la restauración de la zona con cargo al aval aportado en su día por la firma.

Proambiente arrastra una deuda aproximada de 8 millones de euros. En torno a la mitad está contraída con proveedores –en su mayoría pequeñas empresas, en torno a doscientas– y con las entidades financieras. La otra mitad, hasta los ocho millones de euros, está acumulada con la Seguridad Social y Hacienda, además de las derivadas de los procesos de sanción administrativa.

Todas se pueden cubrir, según las mismas fuentes, con unos activos valorados en 14 millones de euros. El principal: las naves, instalaciones de valorización y molinos de elaboración de combustible para cementeras, con derivados deshidratados de los residuos, además de las instalaciones de biogás que aprovechan el metano acumulado en los vasos de vertido ya sellados, para generar electricidad. Pero también con 600.000 metros cuadrados de fincas rústicas en producción de cítricos repartidas entre la Región de Murcia y la Vega Baja, de los que en torno a 120.000 metros tienen expectativas de desarrollo urbanístico futuro en la zona de Cox-Callosa de Segura, en Alicante.

La firma que se ha interesado por Proambiente asegura que inyectaría, en caso de cerrar el acuerdo, cuatro millones de euros para saldar la deuda y otro millón más para dar continuidad a la plantilla y hacer frente a las deudas más inmediatas al margen de las que se arrastran con proveedores. Canales y Negocios del Mediterráneo se haría en este caso con el 100% de la participación con un beneficio mínimo para sus actuales propietarios, que como prioridad tienen el objetivo de desprenderse de la actividad.

Las empresas que habían mostrado interés por la adquisición en los últimos meses de la planta de Proambiente, la mayoría ligadas al negocio de la gestión de residuos, como es el caso de Sacyr, entre otras, han desistido de su oferta. Las mismas fuentes indicaron que, al margen del patrimonio en suelos, la voluntad de la mercantil es poner en marcha las instalaciones como planta de transferencia y valorización de residuos. «Una planta de entrada y salida de residuos», subrayaron desde la empresa. «Nunca se volvería al tema del vertedero de eliminación».

La firma que hace esta oferta asegura que existe predisposición por parte de las autoridades de la Región de Murcia a autorizar este uso –que además es el que ha mantenido oficialmente Proambiente en los últimos dos años–. Otra cosa, indican, es que pudiera contar con el mismo visto bueno de Alicante para funcionar como planta de transferencia.

Llegó a tener 200 trabajadores
Proambiente llegó a contar con más de 200 trabajadores. La empresa, de la que se desligó el empresario Ángel Fenoll hace tiempo, ha visto cómo la actuación de la administración y la justicia ha ido cercando su actividad hasta reducirla al mínimo. Primero estalló el caso Brugal en 2007; en 2010 se descubrieron los enterramientos de basura en fincas agrícolas, poco después afloraron los lixiviados cerca de las instalaciones, Orihuela cerró el acceso principal y Murcia le dio la puntilla al comprobar que enterraba basura en vasos no autorizados. El Ayuntamiento de Torrevieja dejó de ser su principal cliente hace poco más de un año.

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