El diputado regional Joaquín López ha informado de que, a petición del nuevo alcalde socialista de Abanilla, Ezequiel Alonso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional para que se adopten una serie de medidas encaminadas a acabar con "el auténtico atentado medioambiental" que se ha producido en el vertedero del municipio, y que "ha contado con la complicidad del Gobierno regional del PP, que se tapa la nariz y mira hacia otro lado".
López ha recordado que la historia de este vertedero es la historia de la "desidia y la incompetencia de los gobiernos del PP, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Abanilla", que han tenido una "complicidad permanente" con la empresa privada encargada del vertedero, de Ángel Fenoll, que "ha hecho y deshecho lo que ha querido". De ahí que este "atentado medioambiental" esté también "ligado a la corrupción" con procedimientos penales en Cieza y Orihuela.
El PSOE exige, en primer lugar, "que se adopten medidas de aseguramiento del vertedero de Abanilla, para evitar un agravamiento de la situación", pues podría haber desprendimientos, explosiones de gases, además de continuar la emanación masiva de lixiviados, según ha destacado López, que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Beniel y el diputado regional y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSRM, Jesús Navarro.
En segundo lugar, el PSOE reclama un plan urgente de recogida y tratamiento de esos lixiviados para evitar que se sigan filtrando en el terreno; así como un plan de regeneración y limpieza de la zona; y que se instale una estación meteorológica "donde se puedan realizar estudios del aire para analizar y preservar la salud de las personas alertando sobre episodios de olores y gases perjudiciales".
Y, en quinto lugar, exige "que se ejecute a la mayor brevedad, y con todas las garantías, el aval depositado por la empresa y se acelere esa regeneración".
Al hilo, el diputado ha insistido en "la incompetencia e inacción del PP", que concedió la ampliación del vaso 3 cuando "ya éste estaba prácticamente colmatado", y "condicionó la ampliación a que se produjera una limpieza parcial de la zona". Sin embargo, esta medida "está desfasada por la incompetencia del PP", según el diputado regional socialista.
Y ha criticado que, para garantizar la limpieza parcial de la zona que se exigía a la empresa, el Gobierno regional aceptara como aval, en vez de dinero, 35 pisos en Fortuna, "que, tal como está el mercado inmobiliario, no serán suficientes para hacer frente a un atentado medioambiental de tal magnitud".
"La empresa Proambiente no facilitó el dinero en metálico del aval que se exigió, por un importe de 3,3 millones, sino que aportó las notas simples de 35 viviendas en Fortuna", destaca López, quien lamenta que el aval de 3,3 millones exigido "no sirve ni siquiera para empezar" con todo lo que hay que hacer en el municipio.
"El PP ha reaccionado mal y tarde, porque el daño medioambiental ya está hecho. Y no nos valen palabras ni actos que ahora organizan para intentar arreglar este desastre", ha destacado López, quien ha pedido al PP "que deje de ser cómplice con los que contaminan y corrompen, y actúe de forma inmediata para arreglar ese desastre".
Vertivega exige que se regenere la parte de la planta en Orihuela
- La asociación Vertivega ha instado a la Generalitat a reconocer que parte del vertedero de Proambiente está enclavado en el término municipal de Orihuela y, por lo tanto, el gobierno autonómico tiene la responsabilidad de exigir que se acometan trabajos de restauración del territorio al igual que lo está haciendo la Región de Murcia tras revocar la Autorización Ambiental Integrada concedida a la empresa para seguir explotando el vaso número 3. El colectivo ecologista recuerda que como la Comunidad Valenciana no ha admitido que parte del vertedero está en terreno de Orihuela (en concreto en la pedanía de La Murada), esos trabajos de restauración se centrarán unicamente en terreno murciano. Por ello lo que se pide a la Generalitat es que acepte que parte de las instalaciones de Proambiente están en su territorio, y por lo tanto tiene potestad para cerrarlas y para exigir que se regenere también esa zona. Para ello le piden que se persone en el caso judicial y que desarrolle junto al gobierno murciano un plan de regeneración global de la zona.
