El pleno del ayuntamiento de Lorca aprobó ayer, con los votos a favor de PP y C's, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU, el inicio del proceso de expropiación de las cuotas de propiedad de 91 propietarios de viviendas que fueron derribadas como consecuencia de los seísmos y que no quieren reedificarlas.

Su oposición a la reconstrucción, al tratarse de edificios colectivos, pone en riesgo que el resto de propietarios de esos inmuebles puedan volver a levantar sus casas, por lo que en estos casos, como ha ocurrido en otros tres casos anteriores, el consistorio interviene de parte, a instancias de las comunidades de propietarios.

En este caso uno de los procedimientos de expropiación afecta a 78 cuotas de propiedad - el equivalente a 78 viviendas derribadas- del barrio de San Fernando, cuyas 232 casas fueron íntegramente demolidas como resultado de los daños que le causaron los seísmos. El otro corresponde a 13 cuotas de propiedad del edificio Viña Nueva, en el barrio de La Viña que tenía 74 pisos que también fueron derribados, según recordó la concejala de Urbanismo, Saturnina Martínez.

El caso de San Fernando

  • La edil puso de relieve que el caso con mayores dificultades es el del barrio de San Fernando, pese a que en el último momento siete familias que se negaban a reconstruir han reconsiderado su postura y finalmente accederán a asumir su parte de la reedificación. Martínez se refirió a las particularidades de San Fernando, donde diez de los pisos son de titularidad del Gobierno regional, y el resto de particulares, muchos de ellos con una horquilla de edad de entre 68 y 96 años que se niega a reconstruir y otros muchos herederos de propietarios fallecidos que no se ponen de acuerdo sobre la reedificación. Para impedir que su oposición «bloquee» la reconstrucción de los edificios, el consistorio actuará a instancia de parte y la comunidad de propietarios asumirá, mediante la aplicación de la ley de expropiación por sustitución forzosa, 19 de las cuotas de participación mientras que las 59 restantes serán asumidas por el consistorio, que dedicará 354.000 euros de fondos propios al pagar las expropiaciones.

El consistorio aprobó a principios de año una modificación del presupuesto municipal que permitía una reserva de 450.000 euros para hacer frente a las expropiaciones de las cuotas de propiedad de vecinos del barrio de San Fernando. En aquel momento aseguró que haría frente a ese gasto «sin reducir partidas de servicios».