La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del ´Plan de protección de animales de compañía´, ha desarrollado la operación ´SAMOYEDO´, que ha permitido desmantelar dos perreras clandestinas ubicadas en Molina de Segura y Mazarrón, en las que se han localizado e inmovilizado 265 animales y se ha denunciado a las personas que se encontraban tras esta actividad ilícita.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil iniciaron la investigación con la finalidad de perseguir irregularidades relacionadas con la posesión de animales de compañía.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores obtuvieron indicios de que en los términos municipales de Molina de Segura y de Mazarrón se encontraban dos inmuebles dedicados a la cría de distintos tipos de especies, la mayoría domésticas, las cuales podrían estar realizando la actividad sin las correspondientes autorizaciones.

Colaboración con veterinarios del Servicios de Sanidad Animal

Tras comprobar que ambas instalaciones carecían de las preceptivas licencias de actividad municipal y declaraciones de núcleo zoológico, la Guardia Civil se coordinó con veterinarios del Servicio de Sanidad Animal, integrados en la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para establecer unos equipos conjuntos y llevar a cabo las correspondientes inspecciones.

En los inmuebles de Molina de Segura y Mazarrón, el equipo de inspección conjunto ha localizado e inmovilizado 265 animales, entre los que se encuentran 200 canes, 40 gatos, 2 burros, 2 cerdos vietnamitas, 20 patos y 1 cordero. La mayoría de los animales, aunque carecían del control sanitario pertinente y se les administraban medicamentos sin control veterinario, se encontraban en aparente buen estado de salud.

Durante las inspecciones se detectaron numerosas infracciones administrativas, como la de carecer de libros de registro, regulada por la Ley de Sanidad Animal; la cría y comercialización de de animales sin licencia, regulada por la Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía; carecer del control administrativo de vacunas, regulado por la Orden para el Control y la Erradicación de la Rabia; y carecer de licencia de actividad y de declaración de núcleo zoológico, reguladas por la Ley de Protección Ambiental Integrada.

También se han iniciado expedientes sancionadores debido a que algunos de los animales localizados carecían de los correspondientes microchips identificadores y de las cartillas sanitarias de vacunación.

Las denuncias formuladas podrían constituir infracciones de carácter grave a las que corresponden sanciones de hasta 60.000 euros.

De los 265 animales localizados e inmovilizados, tan sólo dos se encontraron con lesiones compatibles con la leishmaniasis, enfermedad infecciosa de origen tropical que suele afectar a la piel u a órganos como el bazo o el hígado, y que puede ser contagiada al ser humano a través de insectos.