La Guardia Civil ha descubierto una finca clandestina plantada con variedades frutales protegidas en Jumilla. La segunda fase de la operación 'Royalty', dirigida al esclarecimiento del cultivo de variedades frutales cuya reproducción y multiplicación está sujeta al pago de los correspondientes cánones al titular de la patente, se ha saldado con la imputación del propietario de la explotación agrícola como presunto autor de delito contra la propiedad industrial.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició la segunda fase de la operación cuando detectó que en una finca agrícola de Jumilla, presuntamente, se estaban explotando albaricoques -variedad Albasol, del género Prunus Armeniaca-, sin la preceptiva autorización, las cuales estaban patentadas y registradas por una empresa investigadora del sector.
Ante las sospechas de que en la finca se estuvieran realizando el cultivo por canales distintos a los regulados, así como evadiendo el pago de los correspondientes cánones, la Guardia Civil realizó una obtención de muestras con la finalidad de determinar de forma taxativa el origen del material vegetal investigado.
El análisis de las muestras ha permitido a los investigadores constatar que el material vegetal utilizado se encontraba bajo la protección del derecho de la propiedad industrial, por lo que se ha procedido a la imputación del propietario de la explotación agrícola.
Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla.
OPERACIÓN 'ROYALTY'
A principios de año, el Seprona inició la operación 'Royalty', una investigación dirigida al esclarecimiento del cultivo de variedades frutales sujetas al pago de los correspondientes cánones al titular de la patente, cuya primera fase culminó en abril con la imputación de cuatro personas, como presuntas autoras de delito contra la propiedad industrial, y la incautación de 4.500 plantas en Jumilla y Abarán.
Los casos investigados se refieren a la reproducción y a la obtención de beneficios económicos a través de la explotación de variedades vegetales protegidas, sin el consentimiento del propietario de un título de obtención vegetal, delito que puede ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años.
Esta práctica supone una competencia desleal en el sector, además de un perjuicio directo a la empresa investigadora que, con costosas inversiones, mejoran la calidad y la producción de los productos agrícolas que llegan a nuestras mesas.
En la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de Geslive, una filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales.
