La actuación «poco diligente» de la administración ha llevado a la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Región anular la multa de 2.220 euros impuesta por la Demarcación de Costas al propietario de una casa en la costa del mar Menor por una obra ilegal.
La sentencia indica que la caducidad del expediente era tan clara que incluso la propia administración debió haberla apreciado de oficio.
«La dilación se debe a la deficiente actuación de la administración».
