Después de 50 años dando cobijo a una decena de familias, el edificio 94 de la Calle Asunción en Molina de Segura se quedará en silencio el próximo 17 de agosto. La razón no es otra que la decisión del Ayuntamiento de declarar inhabitable el edificio y anunciar su derribo, una medida definitiva contra lo que no pueden hacer nada los vecinos.

Según los afectados, todo comenzó hace ocho años con el inicio de unas obras en la acera de enfrente. Al cimentar la nueva obra, aparecieron unas grietas en la fachada del edificio opuesto que, poco a poco, han ido a más. Consuelo Oza, una afectada por el desalojo, explicó a LA OPINIÓN que denunciaron en su momento a la constructora, pero un juez dictó que no era responsable.

A Consuelo y Emiliano Vieco, su marido, todavía les queda por pagar 14.000 € de una hipoteca inicial de 56.000 €, que solicitaron hace catorce años. A Emilio lo despidieron el 6 de julio y no hay otra entrada de ingresos para esta familia de cuatro miembros. «¿Quién nos asegura un futuro si nos obligan a marcharnos?», lamenta la vecina.

Pero esta pareja no es la única afectada, seis familias más viven esta pesadilla. Francisca Ramírez y Cristóbal Navarro son dos jubilados que viven en el inmueble con su hijo, que se encuentra delicado de salud. Residen allí desde 1965 y Francisca denuncia que es más fácil «echar a las personas de sus hogares que arreglarlos». Ya ha comenzado los trámites para buscar una alternativa a su vivienda actual, pero afirma «que va todo tan rápido que no puede ni pensar».

"Podría haber pasado cualquier desgracia"

  • Alberto Díaz, otro vecino de 70 años que trabaja en la ONCE, relata a esta Redacción que la situación está así desde hace ocho años: «El edificio sufrió los daños de la otra contrucción, pero ahora lo declaran en ruinas. Podría haber pasado cualquier desgracia todo este tiempo, pero en este momento es cuando conviene hacer política»
  • Ahora toca buscar una ubicación para pasar el temporal. El Consistorio ha proporcionado 900 € por vivienda a los vecinos, destinados a pagar el alquiler de una nueva casa. Una medida que pretende paliar las consecuencias inmediatas del derribo y así poder ayudar a los afectados, algo que no termina de satisfacer a las siete familias que sufren la pérdida de su hogar