Los primeros convenios urbanísticos, de los 17 anunciados, anulados por el pleno municipal el pasado jueves, le van a costar al Ayuntamiento cuatro millones de euros y no poder hacerse con la propiedad del Cine Velasco, para el que el equipo de gobierno tenía grandes planes.

En concreto, el pleno aprobó, en su última reunión, con los votos del PP, anular dos convenios urbanísticos, que ya en su día fueron rechazados por la Comunidad Autónoma, por deficiencias medioambientales. Se trata del C-51, ubicado en las Cabezuelas, que no podría desarrollarse «por encontrarse ubicado en un hábitats de especies protegidas?», según recogía ayer IU-V en un comunicado, cuya anulación obliga al Ayuntamiento a devolver a los promotores del mismo casi 4.000.000 de euros, que éstos entregaron en su día a cuenta del desarrollo de la zona.

Un dinero que deberá salir de las arcas municipales, tal como reconocía ayer la alcaldesa, Isabel García, a esta redacción, y que, a decir de IU-V, habrá que sumar a la ya altísima deuda municipal, que podría superar los 140 millones de euros.

«Ya estudiaremos qué fórmulas de pago se aplicarán y si es necesario solicitar un préstamo, pero, en cualquier caso, haremos frente a esta situación como ya hemos hecho antes», añadía García.

En la misma sesión, fue anulado el Convenio C-52, ubicado en la misma zona de Las Cabezuelas, al oeste del casco urbano de Totana «y que supone -como recuerda IU-V- la pérdida real del edificio del Cine Velasco, que fue entregado al Consistorio, a cambio de los supuestos 2 millones que deberían haber ingresado los Promotores del C-52». Un edificio para el que, como señalan desde la coalición de izquierdas, el equipo de gobierno ya había solicitado «incluso subvenciones públicas para su remodelación».

Al respecto, la alcaldesa replica a IU-V que el acuerdo de anular hasta 17 convenios urbanísticos cuyo desarrollo planteara problemas de carácter medioambiental «y que van en contra del modelo de ciudad que queremos desarrollar en el nuevo planeamiento», se adoptó en el marco de una comisión municipal en la que participaron todos los grupos políticos del Ayuntamiento y se llevó a pleno en diciembre de 2011. «Sabían perfectamente lo que íbamos a hacer pero ahora quieren sacar tajada política», concluye García que asegura que el coste de anular estos 17 convenios equivale al 10% de la deuda municipal.