El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de San Javier, que está recién aprobado provisionalmente, deja la puerta abierta al futuro desarrollo de Puerto Mayor, un proyecto polémico desde su concepción y cuyas obras están paralizadas desde hace años por orden judicial. Aunque sobre el proyecto pesan oscuros nubarrones legales, el Ayuntamiento no quiere que, si dentro de unos años, la justicia permitiera retomar y concluir las obras, el planeamiento urbanístico de San Javier sea un obstáculo para su desarrollo, de ahí que haya optado por incluir el entorno de Puerto Mayor dentro de un plan parcial de infraestructuras náuticas, según confirmó a esta redacción el concejal de Urbanismo, Antonio Luengo.
«El uso que se daría a esta zona sería comercial, es decir, para la instalación de bares, restaurantes, tiendas, etc.., vinculadas al desarrollo de Puerto Mayor, al que darían servicio», señala Luengo, que ha querido dejar claro al respecto que «no es un uso residencial, en absoluto, y su desarrollo estaría vinculado al del puerto, es decir, que si no sale adelante el proyecto, la zona se quedará como está, y no se podrá construir nada».
La decisión del Ayuntamiento no ha sido bien recibida por colectivos como Ecologistas en Acción que critica que «el Plan General no refleja en la clasificación del suelo las decisiones judiciales acerca del proyecto de Puerto Mayor». A su entender, ese suelo debe ser clasificado de acuerdo con su naturaleza rústica, en situación de suelo preservado por sus valores y adscripción al dominio público marítimo-terrestre». Es más, recuerdan que el área terrestre afectada por el proyecto contiene hábitats y especies catalogadas en la Directiva Hábitat (como de Interés Comunitario Prioritario y de Interés Comunitario), «que deberían preservarse del proceso urbanizador».
No obstante, cabe recordar que cualquier decisión sobre los trámites ambientales o el desarrollo urbanístico en la zona está en manos del Estado o la Comunidad, no del Ayuntamiento, al estar enclavado el proyecto en un área de dominio público marítimo-terrestre.
Los arenales de La Manga
Otra de las áreas en conflicto en este Plan General, que salió publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el pasado 2 de enero, es la de los arenales de La Manga, en la que, según denuncian Ecologistas en Acción, «no se toman medidas algunas para evitar la edificación en las parcelas que mantienen los arenales originarios y su excepcional vegetación asociada (incluyendo especies de flora catalogada y amenazada) para que no desaparezcan»
Al respecto, solicitan que dichas parcelas sean «clasificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por sus valores botánicos y paisajísticos, debiendo ser calificadas como ´reservas de flora silvestre´ para fines científicos y educativos controlados». En la actualidad, el PGOM propone como suelo urbanizable determinados arenales que quedan sin construir, según Ecologistas, en los que hay representación de especies catalogadas y de hábitats incluidos en la directiva, en zonas como la playa de La Punta del Pudrimel, la playa de la ´Ensenada del Esparto´, y en Veneciola.
Por todo ello, EA pide que se anule la tramitación del PGOM y se vuelva a someter a información pública toda la documentación. Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo explica que el Ayuntamiento también ha trabajado por preservar la mayor parte de los arenales de La Manga, muchos de los cuales están en manos de particulares y están calificados como suelo urbanizable. Es por ello, que se ha optado por negociar con estos propietarios el intercambio de sus parcelas ubicadas en los arenales por solares en otras zonas de La Manga. Se consigue así que buena parte de los arenales queden libres de la amenaza urbanística. «Hemos conseguido ´rescatar´ más de setenta parcelas. Y en total, se han logrado 90.000 metros cuadrados de zonas libres de construcciones en La Manga», señala Luengo. El tiempo dirá si son suficientes.
