El pleno del ayuntamiento de Alcantarilla acordó ayer proceder el pago de 17.819 euros más los intereses correspondientes a la empresa Obyser por tres obras realizadas en propiedades de tres particulares a instancias del Consistorio, cumpliendo así la sentencia que le obliga a ello y contra la que no cabe recurso.
Al acuerdo se ha llegado con los votos favorables del PP a instancias de una moción presentada por el alcalde, Lázaro Mellado, que también ordena el inicio de medidas legales contra «los responsables municipales que encargaron los trabajos, al no haber seguido el procedimiento establecido y haber realizado acciones en nombre del Ayuntamiento»
El alcalde contrataca así ante la avalancha de críticas por parte de los grupos de la oposición, que han votado en contra de la propuesta, que le acusan de «favorecer a sus amigos realizando obras con cargo al Ayuntamiento», por lo que han iniciado medidas legales contra él. Pero en una maniobra inesperada, el alcalde ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales del que se desprende que «puede emprender acciones legales para resarcirse del perjuicio económico sufrido». Para ello, se han abierto expedientes administrativos para determinar si el Consistorio actúa contra los beneficiarios de las obras o contra los responsables municipales que las encargaron, o incluso contra ambos.
Con esta maniobra, el acalde sitúa los focos sobre dos antiguos subordinados suyos, la exconcejala María Dolores F. Gálvez, y el excargo de confianza Pedro Hernández 'El Peseta', quienes testificaron en el juicio que visitaron las instalaciones en las que se llevaron a cabo las obras por orden del alcalde, pero que ellos no las encargaron porque no tenían potestad para ello.
