El restaurante La Siesta, situado en la playa Bolnuevo de Mazarrón, podría enfrentarse el próximo miércoles 17 a una realidad que, con ayuda de los vecinos y representantes del Ayuntamiento, vienen aplazando desde hace meses: la demolición del local. Para evitarlo, el arrendatario del restaurante, la propietaria, así como los trabajadores y ciudadanos que no quieren prescindir de uno de los comedores con más solera del municipio, van a organizar una vigilancia nocturna desde la madrugada del miércoles, «para evitar que entren a derribarlo por la noche», informó el abogado del arrendatario, Diego Martínez.

El pasado mes de julio fue la primera vez que La Siesta logró esquivar la orden de demolición que la Demarcación de Costas resolvió en 2008, por considerar que el mesón está ubicado dentro de dominio público marítimo-terrestre sin el título de concesión que exige la actual legislación. Gracias al tesón y al apoyo de las 200 personas que se manifestaron en su puerta cuando los agentes de la Guardia Civil y de Costas iban a notificar el auto, aquella vez se consiguió aplazar el derribo, que ahora amenaza con hacerse realidad esta semana.

Los interesados en anular la orden, celebraron una manifestación ayer domingo y han convocado otra para el miércoles, con el fin de seguir presionando a Costas para que dé marcha atrás a una decisión que consideran «injusta».

Según el letrado, la institución quiere llevar a cabo una medida ejemplarizante y se mantiene firme en su decisión, a pesar de que se ha solicitado una concesión para 30 años, a la que aún no se ha dado respuesta. «Por lo menos, deberían esperar a que se resolviera esta petición», aclaró Martínez.

El abogado explicó además que hay dos vías abiertas por las que aún siguen teniendo esperanza. Por un lado, están esperando contestación del Tribunal Europeo de Derechos, que se pronunciará el martes y que podría conceder una medida cautelar de suspensión del auto. Por otro lado, informó el abogado, existe la posibilidad de que Costas no pueda entrar en La Siesta porque uno de los titulares del local no firmó el documento de consentimiento que permitía el acceso en septiembre, aunque «esto no son matemáticas», dijo.