Jorge Agustín S.R., acusado de asesinar a dos personas en Mazarrón en noviembre de 2011, una de ellas un joven de 16 años, se ha declarado culpable de los hechos que se le imputan, dejando claro, al mismo tiempo, que no le exime el haber tomado "cocaína o droga".

Así lo ha manifestado en la primera sesión del juicio que ha arrancado este lunes con Jurado Popular, en la sección tercera de la Audiencia Provincial, por el que el fiscal y las dos acusaciones particulares piden penas que superan los 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita la libertad de su cliente y que se aplique la atenuante de enajenación mental; un extremo que han rechazado el resto de partes.

La declaración del acusado ha comenzado con su 'mea culpa' al declararse culpable de haber dado muerte a dos personas, recordando que para ello se valió de tres armas, en concreto dos pistolas y un subfusil, cuando carecía de la licencia correspondiente.

Tras dejar claro el procesado que no conocía a las víctimas y que "no tuvieron posibilidad alguna de defenderse", ha precisado que las armas las consiguió en el mercado negro y que tras disparar a sendas víctimas, se quitó las zapatillas de deporte no con la intención de no dejar rastro, sino que creía que le "perseguían", llegando a mostrar una paranoia con esta situación y pensando que tenía algún tipo de mecanismo de búsqueda instalado en sus zapatillas.

"No tenía nada contra esas personas y no pudieron defenderse", ha dicho Jorge Agustín, para después subrayar que no le exime "el haber consumido cocaína o droga".

El juicio ha continuado con el relato de una testigo que vio al acusado como disparaba a su primera víctima, ya que en ese momento se encontraba en el balcón. "Cuando miré vi como sacó la pistola y sin cruzar palabra, le disparó", ha manifestado.

La sensación que le dio en aquel momento fue que el acusado "caminaba con cierta actitud chulesca, ya que tras disparar a la primera víctima se le quedó mirando mientras pedía auxilio" y después caminó hacia otro lugar, donde oyó un cuarto disparo, perdiéndolo de vista. "No caminaba haciendo zigzag ni parecía borracho, sino que notaba que sabía lo que hacía y al oír ese cuarto disparo pensé que se había quitado la vida, pero no fue así", ha lamentado.

El juicio se ha desarrollado en un ambiente tenso, ya que a la llegada del acusado a la sala donde se le va a enjuiciar los familiares de las víctimas le han propinado insultos y le han increpado, incluso le han llamado "perro, no te mereces el aire que respiras".

EXPOSICIÓN DE LAS PARTES

Al comienzo del juicio, la defensa considera que su cliente no es responsable de los delitos de los que se le acusa y ha mostrado su disconformidad con los escritos de las dos acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal, solicitando así su libertad y que se le aplique la atenuante de enajenación mental, ya que "no ha habido esa maldad intrínseca".

Por su parte, las dos acusaciones particulares, representadas en la familia de la viuda en el letrado Jesús Martínez; y en la familia del joven en el abogado Pedro López Graña, han dejado claro que "hay pruebas contundentes" que demostrarán a lo largo de las sesiones y en virtud de pruebas periciales, que son dos delitos de asesinato y que el Jurado Popular emitirá "veredicto de culpabilidad", ha dicho Martínez.

"Fue una muerte miserable, a bocajarro y a traición", sostiene el letrado López Graña, quien considera asimismo que el delito de dar muerte al menor de 16 años fue "cobarde". Ha recordado, al hilo, que está condenado en más de 20 delitos por sentencia firme, así como un intento de homicidio.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha recordado que las armas que poseía el acusado eran "ilegales", quebrantó condena en la cárcel donde estaba, además de las placas falsas que lleva consigo y el coche que robó. En su opinión, las dos muertes "están muy claras, con tres disparos a quemarropa y a zonas vitales de la primera víctima y el disparo hacia el menor".

Para concluir, se ha preguntado que si en verdad hubiera tenido algún problema mental, "no hubiera salido a disfrutar de un permiso carcelario" y fueron, por tanto, "dos muertes a traición".

El Ministerio Fiscal pide penas que suman 35 años de prisión para este individuo, que cuenta con numerosos antecedentes penales al haber sido condenado por delito de tenencia ilícita de armas. La acusación particular que representa a la viuda solicita 17 años y medio de cárcel por cada delito de asesinato y dos años por tenencia ilícita de armas; mientras que la que representa a la familia del joven, pide 20 años por cada asesinato y tres por tenencia ilícita de armas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2011, cuando el procesado se trasladó hasta Mazarrón, donde se hospedaba en el hotel Costa.

Cargado con tres armas, sobre las 22.12 horas salió del hoteles y casi una hora más tarde se cruzó con una de las víctimas cuando paseaba por la avenida de la Constitución.

Sin "razón conocida", sostiene el fiscal, el acusado se acercó a la víctima, que tenía 32 años, y tras una "breve" conversación sacó una de las pistolas y, de forma sorpresiva y sin dar tiempo a la víctima a defenderse, le efectuó tres disparos a poca distancia que le produjeron muerte de forma casi inmediata.

Seguidamente, se marchó del lugar y una dos calles más adelante llegó a la Plaza del Molinete, donde se encontraba sola otra de las víctimas, un joven de 16 años que residía en dicha plaza y que había salido a pasear a su perro.

Cuando el acusado pasó por el lado de la víctima, que se encontraba de pie y parada con las manos metidas en los bolsillos mirando hacia adelante, le efectuó un disparo en la cabeza a corta distancia, produciendo una herida mortal que motivó que falleciera tres días después.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que procede imponer tres años de prisión; y dos delitos de asesinato, por el que pide 16 años por cada uno. Asimismo, deberá indemnizar a la viuda en la suma de 400.000 euros y a los padres del joven en 300.000 euros.