Ya es oficial. El Gobierno no va a ejecutar ni ahora ni nunca el proyecto de entubamiento de parte de los caudales del río Segura. La noticia la ha dado el diputado ciezano del PP en el Congreso de los Diputados Teodoro García, quien confiesa no haber dejado de trabajar en el tema desde que en los Presupuestos Generales del Estado apareció una partida de 74 millones para este proyecto.

«Al Altiplano murciano y a otras zonas necesitadas puede llevarse el agua de muchas otras formas sin necesidad de retraer casi el 40 por ciento del caudal que actualmente discurre por nuestro río». Este es el principal argumento que García, a instancias del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha empleado para convencer al gobierno de Rajoy, un Ejecutivo que ya ha desechado este dañino proyecto para el río Segura y para las economías de los municipios ribereños.

Ahora, y una vez que el proyecto no se va a hacer, el diputado se centrará en conseguir que los 74 millones de euros que se habían presupuestado puedan aprovecharse en la Región y, especialmente, para ayudar a los damnificados de las riadas que el pasado 28 de septiembre asolaron los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca y Totana.

El proyecto pretendía conectar el pantano del Cenajo con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, retrayéndose casi un 40 por ciento del caudal que actualmente alberga el Segura a su paso por los municipios de la Vega Alta, desde Calasparra hasta Blanca.

El proyecto habría provocado daños irreparables al medioambiente, principalmente por la reducción del canal del caudal en el cauce del río Segura y precisamente en el tramo mejor conservado y con mayor valor ambiental de la Región de Murcia.

Este cauce transcurre por la reserva natural Sotos y Bosque de Ribera de Cañaverosa, el espacio natural protegido Cañón de Almadenes, el lugar de importancia comunitaria antes citado y la zona de especial protección para las aves de la Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos de Cagitán. Afectaría, al menos, a 24 especies de fauna, la mayoría de ellas incluidas en alguna figura de protección autonómica, nacional o europea.

La oposición frontal de los ayuntamientos de Blanca, Abarán, Cieza, Calasparra, Moratalla y Fuente del Pino ha sido clave para la anulación total del proyecto.