Como ya hicieran representantes de Los Verdes y del PSOE de Murcia y la Comunidad Valenciana, entre ellos José Antonio Pujante (portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y diputado de Izquierda Unida-Los Verdes) o María González Veracruz (diputada del PSOE por la Región), representantes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana visitaron el viernes los supuestos enterramientos ilegales de basura en fincas agrícolas cercanas al vertedero de Abanilla, que está investigando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela.

Guiados por la plataforma ciudadana Vertivega, recorrieron las distintas parcelas en las que los residentes de Abanilla y La Murada (Orihuela) denuncian que hay residuos triturados y mezclados con tierra a modo de relleno. A raíz de su presencia en estas fincas, recibieron el agradecimiento de muchos de los miembros de esta plataforma, que les dijeron que debido a su visita ahora se demuestra que no están politizados.

Vertivega volvió a pedir que se precinten los terrenos en los que se ha demostrado que hay vertidos para que no se comercialicen sus frutos. Su presidente, Vicente Pérez, ya declaró a este diario su pesar por el poco apoyo que sus quejas han recibido por parte de la Comunidad Autónoma, que ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del vaso 3 del vertedero, lo que significa que las instalaciones podrán volver a recibir basuras de Abanilla, Beniel, Santomera, Fortuna y buena parte de los pueblos de la Vega Baja durante, al menos, siete años más.

Todo ello a pesar de que sobre el vertedero pesa una orden de cierre válida durante 30 años e impuesta por la dirección general de Medio Ambiente, dependiente de la consejería de Presidencia. «Está claro: Valencia está a favor de los vecinos y Murcia no», afirma el presidente de la plataforma.

Como medida de presión, los vecinos estudian manifestarse ante el vertedero a mitad de julio, e incluso se han planteado montar un campamento para impedir el paso a los camiones.

En manos del juzgado

La eurodiputada Eva Ortiz, el diputado Andrés Ballester y el director general de Calidad Ambiental de Valencia, Vicente Tejedo, se comprometieron a impulsar las acciones que puedan, aunque señalaron que será el juzgado el que tenga que tomar las medidas y señalar a los responsables.

En concreto, la consejería de Medio Ambiente valenciana ya ha solicitado documentación al ayuntamiento de Orihuela (entre otras cosas, el informe ecotoxicológico que tiene el juez, en el que se alerta de la peligrosidad de los residuos que encontró el Seprona en al menos dos fincas) y ha enviado a técnicos y a la Policía para inspeccionar el terreno, porque se está planteando personarse en el procedimiento judicial, en el que están imputados los propietarios del vertedero, Proambiente, y de fincas agrícolas en las que se encontró basura enterrada.