Un agricultor de Lorca lleva casi veinte años pidiendo a organismos oficiales que reparen los daños morales y económicos que le causaron a principios de la década de los 90 con la construcción y explotación de dos pozos de sequía para la ampliación de nuevos regadíos en unos terrenos que había arrendado en La Torrecilla.

El último escrito ha sido remitido al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y advierte que si no obtiene respuesta antes del 17 de junio, denunciará el caso ante el organismo competente de la Unión Europea.

Pedro Morales Quiñonero, vecino de La Torrecilla, denuncia que en el año 1994 la Comunidad de Regantes de Lorca, con el consentimiento del Ayuntamiento, procedió a la construcción y explotación de dos pozos de sequía, que él considera ilegales, para la ampliación de nuevos regadíos en localidades de alrededor, «sin ajustarse al interés general».

Morales se siente perjudicado por los hechos porque en dichos terrenos, que en esos momentos tenía arrendados, no pudo seguir cultivando como venía haciendo hasta entonces cereales y algodón, entre otros productos propios de aquella fecha. Fue entonces cuando empezó su «calvario» por distintos organismos y entidades tanto del estado español como europeo, en defensa de sus intereses, sin que hasta el momento nadie le haya dado la razón.

Uno de los últimos escritos fue remitido a la Presidencia del Gobierno de España, cuyo director de gabinete, Jorge Moragas, le recuerda en su escrito que «cuando los ciudadanos consideren que la administración ha lesionado sus derechos, pueden recurrir a los tribunales de justicia que son en este ámbito los competentes».

Pedro Morales afirma que todo esto le ha «causado daños y perjuicios, económicos y morales y pienso defender, cueste lo que cueste, mis intereses».