La Federación Española de Guardas de Campo (Fedguar) –que tiene representación en la Región de Murcia– ha denunciado al ayuntamiento de Totana ante la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, acusando al Gobierno local de «contratar de forma ilegal a personas sin formación y, además, discapacitadas, para encargarse de la vigilancia en zonas de rurales».
La denuncia detalla que el Ayuntamiento, a través del Centro Especial de Empleo de Totana (Cedeto-Mifito S.L.), ha creado un grupo de controladores que desarrollan las labores de patrullaje y vigilancia en el campo en coordinación con Policía Local y Guardia Civil, y señalan que los empleados son personas discapacitadas, «que corren un grave riesgo al exponerse a bandas de asaltantes sin armas ni esposas, como recoge la normativa». Y es que, los guardas de campo han de someterse a un estricto proceso de formación y tener en regla unas licencias que son expedidas por el ministerio del Interior, y que cuestan una elevada cantidad de dinero. Además de lo que consideran intrusismo laboral, ya que para obtener uno de estos puestos hay que ser guarda de campo oficial, los denunciantes aseguran que los empleados contratados por el Ayuntamiento de Totana «están en peligro, porque a aunque lleven radios para comunicarse con la Policía Local en caso de emergencia, estas bandas que asaltan en campo están muy bien organizadas y cuentan con armas, por lo que en caso de ataque, los agentes no podrían llegar a tiempo».
Los denunciantes matizan que no tienen nada «contra los empleados, sino con la acción que está llevando a cabo el Ayuntamiento, que es ilegal». En la denuncia, los guardas de campo indican que el Gobierno municipal «tiene una clara intención de continuar formando a ´profesionales´ para este servicio y están destinando al pago de estos servicios 150.000 euros».
Los guardas consideran que el Ayuntamiento de Totana está vulnerando la Ley de Seguridad Privada y así lo indican en la denuncia, presentada también ante la Guardia Civil, donde piden que se abra un expediente al Consistorio por «grave intrusismo profesional con discapacitados y sin titulación».
Fedguar ya ganó una batalla similar en Andalucía, al denunciar que una red ofrecía vigilancia rural a bajo coste y sin licencia. La Guardia Civil detuvo a los integrantes de la organización, imputados por intrusismo profesional.
La Federación Española de Guardas de Campo quiere acabar con esta problemática «no solo por el intrusismo, sino porque se pone en riesgo tanto a ellos como a los ladrones que se ponen delante».
