La barriada de San Fernando, ocupada por 232 familias hasta que se registraron los terremotos, será demolida en su totalidad, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Jódar, que destacó, por otro lado, que de los 140 expedientes de inmuebles que hay en estado de indefinición en la ciudad, alrededor de medio centenar van a ser también demolidos. De ese medio centenar «la mayoría son viviendas unifamiliares y el resto son cuatro o cinco edificios».

Los vecinos de San Fernando están de acuerdo con la decisión de derribar los seis edificios que quedan en pie (otros tres ya fueron demolidos anteriormente), pero uno de los problemas que se plantean ahora es saber quién va a financiar los trabajos de demolición, algo que no se contempla en los reales decretos aprobados hasta el momento. Y es que «según la ley, son los propios vecinos los que tienen que pagar los gastos de demolición», dijo el alcalde, que añadió que se siguen haciendo gestiones para buscar una solución y evitar que sean los afectados quienes tengan que hacer frente a los casi 200.000 euros por edificio que cuesta cada derribo, según indicó el concejal de Urbanismo, José Joaquín Peñarrubia, hace unos días.

Los informes técnicos que ha supervisado el alcalde hablan de ruina técnica de los seis edificios. La propuesta de resolución será notificada a los vecinos para que puedan llevar a cabo las alegaciones que consideren oportunas. Jódar señaló que hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones no habrá una resolución definitiva. Los vecinos de San Fernando están de acuerdo con la propuesta de demolición, pero señalan que llevan esperando ya un año «y no sabemos cuándo se va a hacer realidad», indicaba ayer a este periódico Charly del Prado, uno de los afectados.

Hace unos meses, una empresa promotora presentó un proyecto de remodelación de la barriada partiendo de la demolición de todos sus edificios. La iniciativa gustó a los afectados, que no se quieren marchar del lugar en el que han vivido durante tantos años.

Mientras tanto, agentes de la Policía Local siguen vigilando la zona para evitar que las familias vuelvan a vivir en los edificios en código rojo y que aún se mantienen en pie. A pesar de ello hay algunas que, pese a la prohibición, los han ocupado porque no tienen donde ir, según dicen.

Ya se han pagado 410 millones

El alcalde recordó, respecto al asunto de la reconstrucción de edificios, que el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya 410 millones de euros. Jódar reconoce que hay personas que han recibido las indemnizaciones y han gastado parte del dinero en otras cuestiones que no están relacionadas con la reconstrucción.

Por ello, recuerda que, según el último real decreto, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) puede actuar como agente edificador.