Carmen Jiménez es una de las 20 personas que vive en uno de los pisos que aún quedan en pie en el barrio de San Fernando, uno de los más castigados por los terremotos del pasado mes de mayo. Su inmueble está marcado con código rojo (que significa que es peligroso para ser habitado) y señala que ha vuelto hace dos semanas al barrio después de estar cuatro meses en una casa de alquiler con el anticipo que pagaba el Ayuntamiento, «pero cuando se acabó el dinero me tuve que ir a vivir al coche, donde pasé cinco meses». Carmen dice que se apaña «con cubos y voy a ducharme a una gasolinera que hay cerca donde me cobran dos euros por el agua caliente».

Ella, como el resto de sus vecinos, vive en estos edificios bajo su responsabilidad y pese a los informes técnicos desfavorables y consejos dados tanto por las autoridades como por los servicios de seguridad, que les tienen al corriente del peligro que corren.

En San Fernando vivían 232 familias cuando se registraron los terremotos. Algunos edificios han sido demolidos y el resto están a la espera de un informe técnico que aconsejará su derribo o su reconstrucción, un documento que se dará a conocer en los próximos días, según Francisco Jódar.

Esta vecina denuncia que en las viviendas hay ´ocupas´ y que, en el caso de suceder algún percance, los responsables serán los dueños de los inmuebles. Afirma que está «cansada de pedir ayudas» y asegura: «Me quedaré aquí pase lo que pase, aunque las casas siguen moviéndose». Las familias que han regresado al barrio dicen que no tienen agua ni luz y que «se han llevado hasta los contadores».

Pedro Fernández vive en uno de los edificios en código amarillo y afirma que su casa «está hecha pedazos», pero que no tiene donde ir con los 426 euros que cobra de pensión. «No tengo comedor ni aseos porque el terremoto acabó con todo. Estoy viviendo aquí de forma infrahumana porque no tengo donde ir».

Este vecino se consuela dejando «en manos de Dios» su destino, a la vez que afirma que en la zona «viven también otras personas con hijos».

Un abanico de posibilidades

El alcalde, Francisco Jódar, ha tenido ocasión de hablar con algunas de las personas que viven en estos edificios. Se preguntan, según éste, cuál va a ser su futuro si finalmente el dictamen de los técnicos es que hay que demoler los edificios. «Les he hablado del abanico de posibilidades que ofrecen las administraciones a través de la normativa que han puesto a nuestro alcance de poder optar a una vivienda en alquiler o pedir ayuda para el alquiler desde la Mesa Solidaria», dice Jódar.

El alcalde reconoce que los edificios que ocupan «están en mayor o menor grado afectados por los terremotos», añadiendo que «a pesar de que tienen daños muy severos, la estructura no reviste peligro».