IU de Navarra acusa a Jódar de destinar los donativos a financiar procesiones

FRANCISCO GÓMEZ El ayuntamiento de Lorca ha salido al paso de las críticas realizadas por Izquierda Unida de Navarra, cuyos dirigentes han llegado a afirmar que los casi 637.000 euros procedentes de esa comunidad autónoma con destino a los damnificados por los terremotos del pasado mes de mayo se han destinado a celebrar una procesión y a arreglar tronos.

El alcalde, Francisco Jódar, afirmó ayer que la citada ayuda aún no ha llegado y que cuando lo haga, los fondos irán destinados a la recuperación de los monumentos de Santo Domingo y San Francisco que resultaron seriamente dañados por los seísmos. Jódar indicó que «los lorquinos están indignados ante tal falsedad» y añadió que «bastante estamos sufriendo ya por culpa de los terremotos como para tener que soportar ahora ser víctimas de semejantes disparates».

Cuando llegue el dinero, la propuesta va a ser que se utilice en la recuperación del patrimonio histórico del municipio, en concreto para financiar la recuperación de las sedes religiosas de las dos principales cofradías de la Semana Santa. Se trata de iglesias monumentales declaradas como Bien de Interés Cultural que son propiedad de dos cofradías a través de sus propios patronatos y fundaciones. Hasta el momento, los inmuebles no cuentan con la financiación que necesitan, en total más de siete millones de euros en San Francisco y 3,2 en Santo Domingo.
Según el alcalde, el patrimonio histórico de la ciudad ha sufrido daños valorados en más de 50 millones de euros como consecuencia de los seísmos y atribuye las afirmaciones de Izquierda Unida de Navarra a «la ignorancia». Por último, Jódar agradeció al Gobierno de Navarra su colaboración con el pueblo lorquino, destacando que «los navarros han demostrado ser un ejemplo de solidaridad a imitar por otras comunidades autónomas».

El gobierno navarro acordó cinco días después de los seísmos donar a Lorca 636.924 euros, que equivale a un euro por cada ciudadano de esa comunidad autónoma, «para afrontar las obras de rehabilitación de los edificios públicos dañados y, en especial, su patrimonio histórico-artístico», según recoge el acuerdo.