Mueren 4.541 perdices por estrés acústico

EFE/LAOPINIONDEMURCIA.ES La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a una mujer a indemnizar con 25.216 euros a la propietaria de una granja de perdices rojas ubicada en Cehegín (Murcia) porque el exceso de ruido de la fiesta organizada por la primera causó "un estrés acústico" a los animales y produjo la muerte o daños importantes en un total de 4.541 ejemplares.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, mantiene la responsabilidad de la denunciada, L.B., pero rebaja la indemnización fijada por el Juzgado de Primera Instancia de Caravaca de la Cruz, que se elevaba a 26.286 euros.

Los jueces consideran que a lo largo del proceso, y con la presentación de los informes elaborados por los peritos, se ha demostrado que el ruido procedente de la finca vecina a la granja, ubicadas ambas en el paraje de Cañada de las Ánimas, produjo la muerte de casi 1.900 perdices en la misma noche de los hechos, ocurridos el tres de agosto de 2007.

Asimismo, otros 1.290 ejemplares fallecieron en los días siguientes, como consecuencia de las enfermedades surgidas por los ruidos de la fiesta, mientras que otros 1.379 "resultaron dañados e irrecuperables".

La sentencia de la Audiencia considera que el ruido de la fiesta, que contó incluso con un grupo musical, causó estos daños, y añade que el exceso de ruido fue acreditado por la Policía Local de Cehegín, que, a través de las mediciones oportunas, comprobaron que superaba en veinte decibelios el límite permitido.

En contra de lo sostenido por la demandada, los jueces dicen que la mortalidad no se produjo como consecuencia de una tormenta ocurrida poco después de la fiesta ni tampoco por las altas temperaturas que registró la zona por aquellas fechas.

La sentencia recoge igualmente que los agentes advirtieron a la denunciada que el volumen de la música superaba el tope legal, y comprobó que la misma accedió a bajarla, pero "volviendo a subirla diez minutos después".

El Juzgado de Primera Instancia de Caravaca de la Cruz, a la hora de fijar la indemnización que la denunciada debía pagar a la propietaria de la granja, E.P., valoró las perdices muertas en seis euros por unidad, mientras que a cada ejemplar de las que resultaron dañadas le asignó un valor de cuatro euros.

Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia ha rebajado la partida correspondiente a estas últimas al fijar un precio por unidad de tres euros porque si bien estas perdices sufrieron daños y no pudieron se destinadas a la repoblación de los montes, que era lo previsto, sí fueron utilizadas como reproductoras.