Un barrio del siglo XXI

FRANCISCO GÓMEZ ­El barrio de San Fernando, que fue desalojado por los graves daños que sufrieron las viviendas tras los terremotos de mayo, volverá a renacer con la reconstrucción de las 232 viviendas. El presupuesto de la nueva urbanización, que ya ha sido presentada a unos 400 vecinos, supera los 20 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de dos años. Las obras, que correrán a cargo del grupo empresarial Barea, podrían empezar en seis meses si para entonces se han resuelto todos los trámites administrativos, según indican los representantes de la empresa.

El proyecto, que se encuentra en fase de solicitud de licencia, incluye la demolición de los bloques de viviendas que aún se mantienen en pie y consistiría en construir un nuevo barrio, según Francisco Gavilán y Miguel Barea, responsables de la empresa. La iniciativa se desarrollaría sobre una superficie de 24.000 metros cuadrados, con viviendas de 80 a 90 metros y la construcción de nueve edificios con 15 escaleras.

El proyecto incluye como novedad la incorporación de garajes y ascensor, de los que carecían los antiguos inmuebles. Será un barrio integral situado en un punto estratégico de la ciudad en el que, respetando los mismos espacios, pero con un mayor aprovechamiento, se han conseguido diseñar edificios de cuatro plantas más modernos, mejor distribuidos y de mayor calidad, adaptados para personas discapacitadas y energéticamente sostenibles. Las zonas comunes incluyen zonas peatonales, jardines y garaje privado con acceso directo a la vivienda.
Según Francisco Gavilán, «el objetivo es la recuperación del barrio con la misma idiosincrasia  que ya tenía en sus orígenes, un barrio con viviendas modernas adaptadas al siglo XXI, sin perder el sentido de comunidad y en el que la cara del vecino de enfrente sea la misma que antes de producirse los terremotos».

Primero habría que demoler los edificios del barrio que aún se mantienen en pie, tal y como indicó Miguel Barea, aunque reconoce que los trámites para comenzar las obras, en el caso de que los vecinos estuvieran de acuerdo, no sería antes de los seis meses. Para Gavilán hay dos cuestiones básicas: «Absorber el concepto de lo que querían los vecinos, que es recuperar el barrio tal y como era su origen, y aportar los medios necesarios para que sea posible, entendiendo que el primer paso es regularizar la comunidad de propietarios».

El proyecto se financiará con las indemnizaciones que los afectados reciban del Consorcio de Compensación de Seguros, sin descartar las ayudas públicas que puedan llegar del Estado, según los promotores de la idea. 

Los vecinos, según Barea «ganarían en calidad de vida, tendrían zonas verdes y espacios abiertos, e suprimirían las barreras arquitectónicas y disfrutarían de un barrio del siglo XXI similar al que tenían antes de los terremotos».