La posible reapertura de los pubs de La Curva de Lo Pagán se ha convertido en la ´serpiente´ informativa del invierno en San Pedro del Pinatar y ha alcanzado un gran protagonismo en las redes sociales, donde partidarios y detractores expresan sus argumentos con gran vehemencia. Por un lado, los propietarios de los locales, cinco en total, y la población más joven, alegan que la localidad está prácticamente muerta desde que el exalcalde socialista, José María García, ordenara el cierre en base a los informes elaborados por el técnico urbanístico municipal y el secretario jurídico del Ayuntamiento, que ponían de manifiesto las circunstancias objetivas que exigían su cierre en estricto cumplimiento de la legalidad.

En primer lugar, según el Plan General de Ordenación Urbana, el suelo sobre el que se asientan las edificaciones está calificado como zona verde, lo que ha sido ratificado por la consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, que en fecha 29 de diciembre de 2008, rechazó una propuesta de modificación de dicho planeamiento. Posteriormente, el 19 de mayo de 2011, el arquitecto técnico Andrés Rojo, emitió un informe en el que dictamina que «los terrenos donde se ubican los locales están calificados por el Plan General como zonas verdes y espacios libres y las edificaciones existentes están en situación de fuera de ordenación y afectadas por la Ley de Costas, al situarse en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre».

Culmina así un largo contencioso que comenzó en los años 90, cuando se iniciaron expedientes sancionadores a todos los locales por el incumplimiento de las condiciones de permanencia de las edificaciones fuera de ordenación, al haberse cambiado su uso original de vivienda por el de locales de ocio. Todos han sido sancionados con multas de diversa cuantía por dicha infracción urbanística y en consecuencia, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, les conminó a restituir las edificaciones a su uso original de vivienda. Estas resoluciones están recurridas.

La postura de la actual Corporación es la de admitir la reapertura «ateniéndose escrupulosamente a la legalidad» y así lo han manifestado tanto la alcaldesa, Visitación Martínez, como la concejala de Urbanismo, Ángela Gaona, quien aseguró a LA OPINIÓN que «estamos viendo algunas posibilidades y hablando con la Comunidad Autónoma, que es la que debe dar el visto bueno». Gaona reconoce que los locales se sitúan en una zona verde «lo que no se puede obviar», pero matiza que «no existe ninguna sentencia judicial que declare la ilegalidad del uso hostelero de los locales».

Según fuentes jurídicas consultadas, «no cabe descargar en el poder judicial una declaración de ilegalidad que en todo caso, tiene que establecer el propio Ayuntamiento, a la vista de la situación urbanística».

La edil de Urbanismo también ha desmentido que los locales comiencen a funcionar de nuevo a principios del mes de febrero. «Pusieron como fecha el 5 de diciembre, luego Navidad y después Nochevieja», es una especie de ceremonia de la confusión trufada de bulos. La concejala asegura que en caso de volver la actividad nocturna se respetarían escrupulosamente los horarios, la limpieza y la seguridad en la zona.