La concejala de Empleo de Lorca, Eulalia Ibarra, hizo ayer un nuevo llamamiento a la contratación de empresas en regla para ejecutar trabajos de reforma en viviendas afectadas por los terremotos y advirtió de que realizar esas obras en la economía sumergida puede resultar muy caro a la hora de hacer la declaración de la renta.

Según Ibarra, las reformas realizadas ´en negro´, sin pago de IVA y sin facturas, no podrán ser justificadas ante Hacienda a la hora de realizar la declaración del IRPF, por lo que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas públicas tributarán en algunos casos con tipos muy elevados, de hasta el 34 por ciento.

Las manifestaciones de Ibarra se producen después de que los sindicatos y la patronal hayan constatado que apenas se ha creado empleo en el sector de la construcción y afines tras los terremotos de mayo, cuando la ciudad está plagada de obras de reforma para las que apenas se han solicitado licencias municipales.

La edil, al igual que empresarios y sindicatos, atribuye el hecho a la competencia de empresas foráneas y la proliferación de trabajadores irregulares en las reformas que se realizan en viviendas privadas y ha reconocido que sobre esa práctica ilegal el Ayuntamiento «no puede llevar ningún tipo de control».

Ibarra afirmó que los que no paguen ahora el IVA correspondiente a sus reformas «tendrán que pagar después un 34 por ciento» en la declaración de la renta al no poder justificar las reparaciones para las que les fueron concedidas las ayudas establecidas por Real Decreto o las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Por ello, reclamó a los ciudadanos que contraten para esos trabajos «a empresas lorquinas, empresas regularizadas y con todos los trabajadores dados de alta», subrayando que de esta forma se garantizarán «una obra de calidad y una factura con la que poder justificar el gasto».

También apeló a que las empresas de Lorca contraten a desempleados del municipio para completar sus plantillas y que contribuyan así a reducir el paro de la localidad en el sector de la construcción, que supera el millar de personas.