Era un secreto a voces y ayer se tornó palpable para muchos vecinos de La Murada (Orihuela), una población que linda con la Región de Murcia: A muy pocos kilómetros de sus viviendas, tan pocos que pudieron llegar andando los niños, hay bancales llenos de basura enterrada ilegalmente que se está descomponiendo paulatinamente y generando filtraciones contaminantes a los acuíferos y gases que no solo desprenden olores desagradables, sino que quizás sean perjudiciales para la salud.
Estos vertederos ilegales están muy próximos a la Región de Murcia, concretamente a la planta de tratamiento de basuras que se encuentra en Abanilla y de la que es propietario el empresario oriolano Ángel Fenoll, que tiene una orden del Ejecutivo murciano para que presente un proyecto de clausura y sellado de todos los vasos de vertido en un plazo de tres meses y por un periodo de 30 años. Según Fenoll, este documento «es un error».
Unas 200 personas, escoltadas por varios agentes de Policía, completaron una particular ruta senderista que recorrió algunos de los puntos identificados como vertederos descontrolados. En el camino, los organizadores se refirieron directamente al «valiente testimonio» de un extrabajador de la empresa Proambiente, Roberto Sebastián, que les ha contado que durante doce años manejó la pala con la que se abría el terreno para enterrar la basura. Gracias a su versión se sabe que en puntos como los visitados ayer se enterraron desechos de mataderos, ácidos, galvanizados o neumáticos.
Cargados de un megáfono y protegidos de los olores y los gases con mascarillas, los vecinos denunciaron que están ultimando reclamaciones judiciales y a las administraciones en las que piden compensaciones, indemnizaciones, que se restaure el estado natural del terreno y que se precinten urgentemente las fincas en las que hay basuras que aún se desconoce si son contaminantes.
Contaminación por doquier
En una plantación de cítricos, los excursionistas pudieron detectar multitud de desechos electrónicos y sanitarios triturados y mezclados con la tierra (cargadores de móviles, envases de medicamentos, cuchillas, inyectadores de insulina...). En otra finca, en la que intuyen que hay emanación de gases, hicieron fotos y recogieron muestras de lixiviados que se analizarán en un laboratorio para determinar el índice de contaminación y los posibles efectos para la salud.
Es más, las asociaciones aseguran que el departamento de Criminología del Seprona de la Guardia Civil tiene constatado que «está totalmente contaminado el subsuelo y los acuíferos» a raíz de los enterramientos. La ruta se apoyó, asimismo, en fotos aéreas del Instituto Cartográfico que muestran los distintos cambios que ha sufrido el terreno durante los últimos años.
