­La empresa Proambiente, encargada de la gestión del vertedero de Abanilla, está derivando parte de la basura que recibe de la mayoría de municipios de la Vega Baja y que no puede reciclar a vertederos del sur de la Región de Murcia, concretamente a Lorca y Cartagena. Una práctica que ha puesto en marcha desde que acató hace unos días la resolución del Gobierno regional de clausurar la zona acotada para el vertido de sus instalaciones de Abanilla–La Murada.

La empresa asegura que sólo se trata del 10% del total de los cientos de toneladas de residuos sólidos urbanos que llegan a diario a este estas instalaciones y que el resto lo puede reutilizar. Y es paradójicamente una resolución del Ejecutivo murciano la que ahora provoca que ese territorio deba asumir más residuos ajenos a su zona. Gran parte de la basura se puede tratar y convertir en otros productos, proceso que se realiza en naves y recintos con maquinaria que ocupa la mayor parte de la planta.

Fuentes de Proambiente advirtieron, no obstante, que esa desviación a vertederos de ese 10% restante que no pueden asumir va a parar a Cartagena y Lorca, un gasto que va a la cuenta de resultados de la empresa del industrial Ángel Fenoll. Algo que en estos momentos supone un lastre para las cuentas de la mercantil, que incluso estaría realizando este servicio a «pérdidas» para cumplir con sus compromisos.

En este sentido, las mismas fuentes indicaron que el objetivo de Proambiente es cumplir los contratos que mantienen con las empresas de recogida de basuras en los municipios de la Vega Baja y de Murcia (Abanilla, Fortuna, Santomera y Beniel) y que ninguna de esas concesionarias puedan reclamar daños por tener que transportar esos residuos otros vertederos más lejanos.

Si esto sucediera, redundaría en el cobro de la tasa de recogida de basura de los vecinos porque el cambio de destino de la basura incrementaría los costes de transporte y el tratamiento por tonelada, que algunos vertederos doblan al que estipula Proambiente para sus clientes.

A contrarreloj

Mientras tanto, un equipo de abogados y técnicos trabajan para alegar la orden cautelar de cierre en una estrategia que considera que el vertedero de Fenoll tiene capacidad para seguir acogiendo más basura, al contrario de lo que mantiene la consejería de Presidencia en su informe.

Este informe oficial reclama, además, un proyecto de clausura y sellado de todos los vasos de vertido en un plazo de tres meses y por un periodo de 30 años. El empresario Ángel Fenoll tachó «de error» este documento.