«En ningún momento, nunca, jamás, he pedido un voto a cambio de nada». El alcalde popular de Fortuna, Matías Carrillo, juró ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia que le está juzgando desde ayer que es inocente del delito electoral del que está acusado.

La primera sesión de la vista oral contra el primer edil y otros dos concejales de su equipo procesados, José Antonio López Espinosa y María Dolores Sánchez, por ofrecer presuntamente empleos a cambio de votos en las elecciones municipales de 2003, estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre ellos, ya que Carrillo señala a Sánchez como responsable de las acciones enjuiciadas, y elude cualquier responsabilidad argumentando que «ella era la concejal de Personal, quien tenía las competencias en esa materia, yo solo ponía la firma». Una afirmación que ella niega rotundamente, asegurando que «en el Ayuntamiento no se podía dar un paso sin el permiso del alcalde, y aunque yo era edil de Personal no tenía poder de resolución en cuanto a los contratos de empleo, lo hacía todo Carrillo».

El tercer acusado, López Espinosa, también se declaró inocente y culpó a la que fue su compañera en el Gobierno. Este imputado está representado en la causa por el mismo abogado que el alcalde, el penalista Jaime Peris (que es el letrado de varios imputados en casos de corrupción, como Gil Eguino en Limusa o Marqués en La Zerrichera).

El fiscal, que pide la inhabilitación de los procesados durante cinco años, además de doce fines de semana de arresto y el pago de una multa de mil euros para el alcalde, interrogó a los tres acusados para esclarecer si Carrillo, junto a la exconcejal de Empleo, María Dolores Sánchez, y al exconcejal de Economía y Hacienda, José Antonio López Espinosa llevó a cabo un plan para recabar votos por correo para el Partido Popular. Supuestamente, a cambio de ofrecer empleos de carácter eventual, quienes accedían al trato ilegal facilitaban a los imputados sus documentos personales, como el DNI, para que estos gestionaran su voto por correo.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular se apoyan para realizar esta acusación en una propuesta aprobada por los populares del equipo de Gobierno en pleno, que suponía aumentar la partida presupuestaria destinada a la contratación eventual en 195.000 euros, «que les permitió cubrir la contratación de algunos de los vecinos que accedieron a las pretensiones de los acusados», relatan las acusaciones.

Carrillo contestó al fiscal que «no tengo que justificar esa modificación en la partida presupuestaria, porque los cambios en estas partidas son normales, se hacían todos los años, y esa en concreto se realizó en previsión de la posible transformación del personal laboral eventual en fijo, como habían solicitado los sindicatos, aunque al final no hubo acuerdo». Carrillo recriminó al letrado de la acusación particular, Joaquín Dólera, que «en el año 1995, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por Izquierda Unida, por su partido, el aumento fue del doble». El abogado pidió amparo al tribunal quejándose de que «aquí estoy como letrado, no como militante político». Carrillo pidió perdón a Dólera hasta en cuatro ocasiones por este comentario que generó gran revuelo en la Sala, donde habían asistido decenas de personas, que presenciaron la vista de pie porque todos los asientos estaban ocupados.

«Aunque soy funcionario de Correos con excedencia, nunca he tramitado un voto por correo», comentó el alcalde, que además de defender su inocencia, también ´limpió´ el nombre de su mujer, quien también estuvo imputada –pero fue exculpada meses después–, y a quien la exconcejal Sánchez acusó ayer de «ir pidiendo el DNI a cambio de trabajo casa por casa».

Sánchez carga contra el PP

La exconcejal no solo acusó a Carrillo y a su esposa, sino que culpó a todos los miembros de la lista del PP, a los que vio «rellenando la solicitud del voto por correo», una práctica «que se hacía en 2003 y que tenía por contraprestaciones un puesto de trabajo en el Ayuntamiento».

La exedil, cuya defensa ejerce el letrado Antonio Pagán, negó haber participado en esta práctica porque «no estaba de acuerdo y porque, además, es imposible, ya que estaba de baja». En su declaración, Sánchez describió que «por negarme a realizar estas gestiones fui coaccionada, presionada, y tuve problemas con el partido, pero he contado la verdad porque he pasado miedo al ir por la calle, pero yo no me quiero ir del pueblo».

Además de culpar al alcalde en cuanto a la compra de votos, Sánchez lo acusó de ofrecerle un trabajo a cambio de que «me comiera sola este marrón». La exconcejal concluyó que: «Este embolado me lo querían cargar a mí e intentaron comprarme para que me quedara callada pero les dije que si el barco se hundía, se hundía con todos».

Por su parte, el alcalde negó estas acusaciones y aseguró que recientemente ha recibido en su despacho a personas que le han prometido «cambiar su declaración en el juicio, reconociendo que habían mentido por petición de Sánchez, si a cambio les daba un empleo».

La vista continúa hoy con la declaración de testigos.