Varios testigos que han declarado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia contra el alcalde de Fortuna (PP), Matías Carrillo, y los ex concejales de Hacienda y Empleo, José Antonio López y María Dolores Sánchez, respectivamente, han señalado a ésta última como la verdadera artífice de la trama de compra de votos por correo, descartando que estuviera implicado el regidor 'popular' de dicha localidad.

No obstante, la anécdota de la jornada la ha protagonizado un vecino de Fortuna, que ha declarado como testigo, ya que ha cambiado la versión que realizó en un primer momento en el Juzgado de Instrucción de Cieza.

En dicha declaración, este vecino aseguró que su voto por correo fue voluntario, ya que se marchaba de viaje; mientras que hoy ha sostenido que votó por correo porque se enteró de que a cambio ofrecían un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.

"Fui a ver a la concejal María Dolores y le entregué los carnés de mi familia y me dijo que mañana tendría trabajo", ha relatado este vecino fortunero, quien ha manifestado que tras votar tanto él como su mujer por correo consiguió un empleo durante seis meses.

La razón por la que acudió a la ex edil fue porque previamente se había dirigido al alcalde Carrillo para manifestarle las condiciones precarias en las que se encontraba y éste, al decirle que "no era posible" darle un empleo, fue a la concejal que se encargaba de esta área para solicitarlo.

Llegado el turno de interrogación del letrado de la ex edil, ha pedido a la juez que deduzca testimonio para ver si ha incurrido en un delito de falso testimonio y ha declinado seguir preguntando a este testigo, porque "ha cambiado su declaración con respecto a lo que dijo en el Juzgado de Cieza".

LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO, "PARADAS"

Una joven que también ha declarado este miércoles ha acusado a la ex concejal de Empleo de esta trama de compra de votos por correo, ya que también ella, tras acudir a pedirle trabajo porque "tenía que pensar en darle de comer a mis tres hijos", le dio el voto a cambio.

Igualmente, el ofrecimiento de Sánchez llegó más allá, según la testigo, hasta el punto de que le dijo que si esta gente "retiraba la denuncia contra ella nos daría una vivienda social". Asimismo, ha negado que en un momento dado advirtiera a la edil de que declararía en su contra si no le daba trabajo.

Esta testigo también obtuvo un trabajo de limpiadora en el Ayuntamiento tras haber entregado la documentación para que su voto por correo se pudiera gestionar a favor del PP.

Durante el tiempo que permaneció en el Consistorio, observó, según ha trasladado a la juez, que "éramos ocho mujeres trabajando y la mayoría de veces estábamos paradas y nos metían en pedanías para que no vieran mucho personal".

El primero en declarar ha sido un joven, que en la misma línea que los anteriores ha comentado que la ex edil lo abordó en plena calle y le dijo que si quería trabajar en el Ayuntamiento, a cambio de darle su voto y el de su familia. Sin embargo, lo que no sabía es que la madre de este joven, en su día menor de edad, era concejal de la oposición.

Otro de los testigos ha reconocido que se presentó de forma voluntaria en el despacho de la que era concejal de Empleo para pedirle trabajo. "Ella me preguntó si era de 'derechas' y le dije que a tope, por lo que fui a por los carnés de mi familia para hacer los votos por correo", ha recordado.

SOLO RUMORES

Sin embargo, dos testigos, uno de ellos ex concejal de la Agrupación de Fortuneros Independiente (AFI), han puesto de relieve que de la trama del PP de la compra de votos por correo sólo oyeron rumores.

Tras tener conocimiento de ellos, este concejal independiente, junto a los representantes de IU y PSOE se reunieron en la sede socialista para hacer un escrito solicitando a la gente que votara "libremente".

La mujer, por su parte, ha reconocido que por aquella época "había muchos nervios de los partidos políticos y todo el mundo se dirigía a la edil de Empleo a pedirle trabajo, porque intentaba ayudar a todo el mundo", aunque ha asegurado que nunca vio nada de la compra de votos por correo, puesto que ella, junto al voto de su marido y de su hija, los depositó en persona en Correos.

El fiscal pide para cada uno de los acusados doce fines de semana de arresto, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.

Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, a instancias de IU, que fue quien denunció los hechos, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de prevaricación y malversación de caudales públicos.