La batalla electoral se traslada al juzgado

FRANCISCO GÓMEZ En Lorca arrecia la polémica entre los partidos popular y socialista después de que el alcalde, Francisco Jódar, haya pedido a la Fiscalía que investigue si es constitutivo de infracción penal el hecho de que el secretario general del PSOE y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Diego Ferra, haya figurado durante 12 años como jefe administrativo de Aguas de Lorca, tras autocontratarse siendo concejal.
Ferra dijo que su contratación no ha supuesto ni un solo euro para las arcas municipales y afirmó que asumirá lo que finalmente dicten los tribunales.

El secretario general de los socialistas lorquinos, señaló que está dispuesto a dimitir de todos sus cargos, como ha pedido el PP, «si se comprueba alguna irregularidad en el proceso de contratación», a la vez que consideró que se trata de «un ataque personal», por parte del Partido Popular de Lorca «porque se encuentran muy nerviosos ante los resultados de las próximas elecciones». Ferra reconoció que «en 1999, estando en paro, se me ofreció por parte de la empresa Aguas de Lorca, poder trabajar en ella, posibilidad que acepté en base a mi experiencia profesional y días después, el Pleno del Ayuntamiento acordó que formara parte de los concejales con dedicación exclusiva. A partir de ese momento dejé de pertenecer a la empresa». Además, Ferra añadió que «no he cobrado ni un solo euro de la empresa Aguas de Lorca y quien diga lo contrario tendrá que demostrarlo judicialmente».

El candidato a la alcaldía por el PSOE, Manuel Soler, salió en defensa de Ferra, del que dijo que es «honrado y trabajador», añadiendo que «el circo que se ha montado al respecto es desproporcionado».

Mientras tanto, el concejal de Medio Ambiente, el popular Melchor Morales, interpondrá el martes una querella criminal contra el secretario de organización del PSOE, Diego José Mateos, después de que éste le llamase «el rey de los enchufes» y de afirmar que ha contratado a familiares suyos para trabajar en empresas municipales.

La polémica no cesa y ayer, la portavoz del PSOE, Marisol Sánchez, recordó a Jódar que estuvo cobrando dos sueldos públicos, uno del Ayuntamiento por valor de 20.000 euros anuales y otro de la Comunidad Autónoma por importe de 40.000 euros al año, por dos ocupaciones con el mismo horario en dos ciudades  distintas al mismo tiempo y exigió que el alcalde «aclare si existen empresas propiedad de familiares suyos que mantienen una importante deuda con la empresa Aguas de Lorca».
El PSOE reclamó asimismo que se aclare si es cierto que la empresa Los Quijales, propiedad de familiares de Jódar, mantiene aún la deuda de casi 250.000 euros con el Ayuntamiento tras la notificación de embargo que recibió en 1997 al no hacer frente a los pagos de impuestos y tasas pendientes.