El de ayer apuntaba a ser el octavo desahucio frenado por los miembros de la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas, pero no pudo ser. Cuando llegaron a la vivienda de Ibrahim, se encontraron por primera vez en su andadura con un cordón policial que les impidió acercarse a la casa y al expropiado. Y en el intento de aproximarse, surgió la tensión entre los miembros de la plataforma y los del cuerpo de seguridad.
«Ni siquiera dejaron pasar al abogado de Ibrahim», denunció José Coy, un portavoz de la citada plataforma. Aún así, desde la Delegación del Gobierno quisieron aclarar que la intervención de la Policía Nacional en este desahucio se debe a la petición expresa del juez que dicta la sentencia.
En este caso, la expropiación de la vivienda se ha consumado y, según Coy, «tanto Ibrahim como su esposa y sus tres hijos dormirán a partir de ahora en el coche». La historia de este ciudadano marroquí no se diferencia mucho de los anteriores casos. Tras seis años pagando su
hipoteca, se quedó en el paro y ahora el banco, además de la vivienda, le pide una cantidad de 40.000 euros.
Pese al fracaso del intento de frenar el desalojo de ayer, los miembros de la plataforma aseguran no sentirse desanimados. «Vamos a seguir interviniendo en estos casos. No nos vamos a rendir. No tenemos miedo porque nos asiste tanto la razón como la justicia. Además, tenemos a
la población de nuestro lado», explicó ayer Coy a esta redacción. Una vez que los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas no pudieron acceder a la casa por el cerco policial, hicieron sentadas en las sucursales de diversos bancos de Molina de Segura para expresar su repulsa hacia la actitud que algunas entidades bancarias están tomando sobre los impagos hipotecarios.
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