El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial el próximo mes de enero, procesado por un delito electoral. El Ministerio Público solicita la inhabilitación del alcalde durante cinco años, doce fines de semana de arresto y multa de mil euros para el titular de la alcaldía. La misma pena solicita para el procesado José Antonio López Espinosa, edil del equipo de Gobierno de Carrillo.
La Fiscalía acusa al acalde de pedir el voto para su partido en las elecciones municipales de 2003 a cambio de puestos de trabajo en la localidad. Los hechos se remontan a marzo de 2003, unos meses antes de las elecciones, cuando un joven de la localidad recibió una oferta de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de conseguir votos para el Partido Popular. El joven se negó y denunció a la Junta Electoral. La primera acusada fue la concejal de Empleo, María Dolores Sánchez y, en su declaración ante el juez, confesó que «ofreció a varias personas interesadas en obtener un empleo en el Ayuntamiento la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo solicitando a cambio al futuro trabajador su documentación y la de los familiares de éste para poder votar por correo al Partido Popular», según formuló el fiscal en su escrito de acusación.
María Dolores Sánchez empezó, tras su implicación en este caso, a tener problemas internos con su partido, así que delató al alcalde Matías Carrillo. El juez también procesó por su implicación en el caso a la esposa del alcalde, a su hermano, a un exconcejal y a un edil que en la actualidad sigue en el equipo de Gobierno.
Fuentes cercanas a la investigación indican que, de los cien votos por correo que se habían registrado en las anteriores elecciones, en el año 2003 aumentaron hasta llegar a 400. Además, ese mismo año se incrementaron los créditos de las partidas destinadas a generar empleo, aumentando en casi 300.000 euros «sin que existieran necesidades en los servicios del ayuntamiento que motivasen la contratación de personal laboral eventual en esas cifras», relatan fuentes de la investigación. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, seis vecinos de Fortuna accedieron a las pretensiones de los acusados.
Un alcalde reincidente
La historia de compra de votos por correo para lograr la mayoría en las elecciones no se queda en las elecciones de 2003. El alcalde volvió a ser acusado de lo mismo tras las elecciones de 2007. La Policía incautó varias grabaciones telefónicas al empresario y constructor Ángel Fenoll, que trabajaba para varios ayuntamientos y fue detenido hace unos meses, por su supuesta implicación en delitos de fraude económico, trafico de influencias y cohecho a alcaldes. El nombre de Matías Carrillo salió a la luz como uno de los implicados del caso Brugal porque, supuestamente, pidió dinero al PP para recalificar unos terrenos en los que Fenoll planeaba construir.
