­El alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, y los concejales de Personal, José Gómez Carrasco, y Hacienda, Trinidad López Molina, entre otros cargos públicos del Ayuntamiento, se verán cara a cara con un juez. El primer edil acudirá a los tribunales para declarar por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, según el sindicato UGT, que ha denunciado en los últimos años irregularidades en el Ayuntamiento y «la persecución» que sufre su representante sindical, que incluso denunció al concejal de Personal por acoso laboral.

La demanda interpuesta por UGT incide en que el secretario, interventor y tesorero accidentales se autoasignaron retribuciones por más de 162.000 euros «con la permisividad del alcalde», según explican desde el sindicato.

Por su parte, los concejales también tendrán que responder ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y usurpación de funciones.

Las irregularidades detectadas en el Consistorio abaranero, continúa el sindicato, «son muy numerosas», como por ejemplo el presunto pago ilegal por redacción de proyectos del Plan E, la negación de la realización de trámites para la conversión en funcionario de un empleado, el nombramiento de un funcionario sin requisitos para el puesto que iba a ocupar, o el desempeño de las mismas funciones por parte de dos trabajadores de forma simultánea, señalan desde UGT.

Las denuncias interpuestas «siguen su curso», como la presunta falsedad en documento público, interpuesta el pasado mes de mayo por la Unión Comarcal de la Vega del Segura de UGT, a lo que se suman otras por otras denuncias por amenazas, coacciones, injurias, acoso moral en el trabajo y delito contra los derechos de los trabajadores.

Denuncia por acoso laboral

Otro de los frentes que mantiene abierto el Consistorio es la denuncia por acoso laboral presentada por el representante de UGT en el Ayuntamiento, Carmelo Velendrino, un policía local que supuestamente empezó a sufrir estas coacciones después de avisar a la Inspección de Trabajo de que las dependencias de la Policía Local de Abarán presentaban «carencias» y existían «irregularidades en su funcionamiento», por lo cual también interpuso una denuncia en los juzgados.