Ofrecen las tierras de Trampolín para acoger Contentpolis

I. LARA Los ayuntamientos de Cartagena, Santomera y Torre Pacheco ya no son los únicos que pugnan por acoger la ciudad de contenidos digitales de la Región. Se suman ahora a la carrera los propietarios que compraron viviendas en la urbanización que nunca se llegó a construir en Campos del Río, Trampolín Hills. Una de las plataformas de afectados ofrece 1,6 millones de metros cuadrados a la Comunidad Autónoma para que construya Contentpolis en la zona en la que se iba a hacer un gran campo de golf de 18 hoyos.

Francisco Ibarra, representante de la plataforma, sabe que no lo tienen fácil, en primer lugar porque las gestiones del proyecto -que cuenta con una asignación de siete millones de euros que tiene que gastarse este año- ya están muy avanzadas, y en segundo lugar porque los afectados aún no son dueños de los terrenos, que están en manos de dos administradores concursales.

Lo principal es que las tierras no salgan a subasta. "Estamos luchando por el proyecto de un señor (Antonio Martínez, el promotor) que nos ha estafado", explicó. Para Ibarra, "Contentpolis es una opción interesante que es compatible con la urbanización sostenible de más de mil viviendas que queremos levantar y con las amplias zonas comunes que pretendemos que se construyan, como un hipermercado, farmacias, áreas verdes, piscina y zonas deportivas".

Francisco Ibarra vende muy bien la situación estratégica de Trampolín Hills. "Estamos a diez minutos de Murcia, con comunicación directa con la autovía, en una zona no masificada y muy cerca del aeropuerto internacional", señala. "Si falta terreno, se puede hablar con el ayuntamiento de Campos del Río, que no creo que ponga ningún impedimento en cederlo", añade.

Por el momento, los afectados están a la espera de que se publique el informe concursal el próximo día 15. Todo apunta a que recuperarán un 20% del dinero que invirtieron en la urbanización 'fantasma' si se subasta. No obstante, ellos luchan por los terrenos, pero para ello tendrían que recoger firmas y pagar a los administradores 1,2 millones de euros.