Investigado el ex alcalde por coacciones al dueño de un pub

D. G. C. / EFE El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite una querella por prevaricación y coacciones interpuesta por el propietario de un local de copas en Lo Pagán contra el senador del Partido Popular por Murcia y ex alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro José Pérez Ruiz.

El querellante denunció a Pérez Ruiz y a otras personas, entre ellas un concejal, después de que tras varios años de actividad el Ayuntamiento le solicitara que firmara un convenio en cuya virtud el Consistorio obtenía la propiedad del establecimiento y permitía la explotación industrial durante quince años a los propietarios. El dueño del local no consideró beneficiosa la firma del citado convenio y a partir de entonces, según explica el auto, "se vio inmerso en una situación en la que primero fue objeto del cierre de su negocio -resolución que fue anulada por un juzgado-, se le negó la tramitación de la expropiación y se le impidió que pudiera venderlo".

Para el Supremo "en principio los hechos pueden ser subsumidos en la tipicidad del delito de prevaricación y coacciones".

"La acreditación de esos hechos resultan adecuadamente acreditados por la declaración del denunciante, víctima de los mismos, y aparece parcialmente corroborada por las declaraciones de alguno de los imputados, sobre el cierre del local y de los testigos que han declarado", explica la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal había pedido al Supremo que archivara las actuaciones al considerar que no son delictivos los hechos imputados al senador popular, y pidió que se remitiera este asunto a un juzgado de San Javier respecto del resto de acusados que no ostentan la condición de aforados.

"Construyó sin licencia"

Por su parte, Pedro José Pérez Ruiz declaró a esta redacción que el dueño del bar "está en su derecho a denuncia y lo respeto, pero confío en que la Justicia termine archivando el caso". El ex alcalde de San Pedro explicó que el propietario del local "construyó su recinto sin licencia del Ayuntamiento y en una zona verde, por lo que iniciamos un expediente de expropiación. Todos los informes técnicos que manejábamos en el Ayuntamiento eran favorables a nuestra actuación. Estoy muy tranquilo, hice lo que debía como alcalde".