El TC da la razón a una ex edil que impugnó una oposición hace 9 años

EFE / D. G. C. El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado a una ex concejala de Izquierda Unida del ayuntamiento de Las Torres de Cotillas que hace ahora más de nueve años (en 2000, cuando gobernaba el PSOE) se opuso e impugnó en los tribunales el proceso para convertir en funcionarios a varios empleados municipales.
El Constitucional ha anulado la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) en mayo de 2005, que desestimó el recurso presentado por la ex concejala Josefa Rodríguez por considerar que carecía de legitimación para plantear esta reclamación judicial.
La sentencia del Tribunal Constitucional, que concede el amparo solicitado por el letrado de Rodríguez, José Luis Mazón, ha acordado también retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictar la sentencia del TSJ en el que se rechazaba el recurso de la edil "a fin de que la Sala, con plenitud de jurisdicción, pero con respeto al derecho fundamental reconocido, dicte la resolución que proceda".
El Tribunal Constitucional indica en su resolución que esta ex concejal tenía legitimación para impugnar, en vía contencioso-administrativa, un acuerdo municipal, por lo que al no admitírsele su recurso, se vulneró su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
A partir de ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ tendrá que decidir si admite el recurso de la concejala. En el caso de que le dé la razón, el nombramiento de los funcionarios -que trabajan actualmente en el Consistorio- podría quedar revocado y tendría que repetirse de nuevo.
La ex concejala de IU, según Nani Martínez, abogada del despacho de Mazarrón, consideró que el proceso selectivo para hacer funcionarios a estos empleados municipales fue "un simulacro, pues hicieron la pantomima de sacar una convocatoria en la que se preveían las pruebas a realizar, consistente en una entrevista personal a los aspirantes que tenía por objeto evaluar el nivel de conocimientos adquiridos en los cursos de funcionarización a los que previamente habían asistido". La denunciante añade que "un tribunal debía formular al aspirante preguntas sobre el contenido de las materias impartidas en los cursos. Uno de ellos se negó a contestar, pese a lo cual se le consideró apto para ser funcionario".