Los socios preferentes piden la devolución de los amarres del puerto deportivo

TOMÁS DEL CERRO La Plataforma de Afectados del Club Náutico del Puerto de Mazarrón ha solicitado a la Comunidad Autónoma que obligue a Boltursa a entregar los amarres a los propietarios de los amarres anteriores a la remodelación del puerto. Éstos exigen el mantenimiento del precio original del punto acordado por contrato, y se niegan a la subida del 135% impuesta por la concesionaria del puerto, Boltursa, y aprobada por la Comunidad Autónoma.
Los tribunales han ido dictando sentencias a favor de los demandantes. Aún así, la mayoría de los primeros propietarios no dispone de amarre en la actualidad y sus embarcaciones se encuentran fuera del puerto deportivo, junto a los barcos pesqueros.
Representantes de la Plataforma se reunieron en junio con la directora general de Puertos, a la que trasladaron la petición de que obligue a Boltursa a entregar los amarres a los preferentes. Según la Plataforma, la directora general habría dado orden a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de estudiar esa posibilidad.
La Justicia, sin embargo, sigue respaldando las tesis de los demandantes sentencia tras sentencia, y además emitió una resolución en 2004 obligando a la entrega de amarres a los socios preferentes, por lo que desde la Plataforma no se entiende que la Administración regional siga sin hacer cumplir a Boltursa sus obligaciones, "cuando la ley ya nos ha dado la razón", aseguran en un comunicado.
En el mismo afirman que "si la Comunidad Autónoma no cumple con su deber, muchos jubilados y personas mayores que siempre han tenido el barco en la dársena se quedarán sin amarre, sin barco y sin su pasatiempo favorito, después de toda una vida en el puerto. Y todo por no cumplir las resoluciones y acuerdos establecidos en la concesión en favor de un señor".
La Plataforma celebró una asamblea ordinaria el pasado mes en la que los abogados de la misma aseguran que los sucesivos incumplimientos por parte de Boltursa han dado base legal a la Comunidad Autónoma para retirar la concesión.