EFE
La consejería de Agricultura y Agua ha desestimado el recurso del propietario de una granja ilegal de ovino y caprino en la que los inspectores descubrieron varios ejemplares con brucelosis y tuberculosis, por lo que se ordenó su clausura por el peligro que suponía para la salud pública. La resolución, al rechazar el recurso presentado por Antonio L. G., vecino de Ceutí, no ha accedido a su solicitud de legalizar la explotación y de proceder al sacrificio de los animales enfermos en la propia instalación ganadera. Las autoridades, a la vista del "grave riesgo sanitario que suponía la presencia de los animales en la explotación", acordaron "su desalojo mediante sacrificio".
Antonio L. G. presentó un recurso en el que mostraba su disposición a registrar la explotación, así como a sanear e identificar los animales, "solicitando no sacrificarlos todos para poder quedarse con algunos y que se le autorizara para quemar dentro de su explotación los restos de cadáveres". Respecto a la primera petición, la Consejería indica que "las medidas acordadas se encuentran ajustadas a derecho, sin que la subsanación posterior de las deficiencias observadas en la explotación y en los animales pueda alterar su validez". Tampoco accede la Consejería a que el propietario de la granja pueda sacrificar las ovejas y cabras en sus propias instalaciones, ya que la legislación obliga a que se realice en una planta incineradora autorizada.