La edil socialista María Dolores Martínez informó hoy en rueda de prensa de que esos cursos fueron acordados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en 2000, 2003 y 2004, corresponden todos ellos a la concejalía de Educación, y los funcionarios seleccionados para recibirlos recibieron sus diplomas, sin que los mismos fueran impartidos.

Añadió que han sido algunos de estos funcionarios "que se encontraron los diplomas, que están firmados por el alcalde, Miguel Angel Cámara, encima de su mesa de trabajo" los que han advertido que los cursos no se llevaron a cabo.

Martínez indicó que la empresa que debía impartirlos recibió 16.151,6 euros y afirmó que las pruebas conseguidas por el grupo socialista "acreditan que en los títulos que expidieron se certificó falsamente no sólo la asistencia a los mismos de determinado personal, sino incluso la realización de pruebas de aptitud para superarlos, a pesar de que esos cursos nunca se hicieron".

La edil socialista puso de relieve que para el presente ejercicio el Ayuntamiento de Murcia dispone de un presupuesto de 281.080 euros para la formación de su personal, dentro de los cuales se incluyen partidas de otras administraciones, y señaló que su grupo continúa sus investigaciones en esta materia.

Para Martínez "se trata de una cuestión de una extrema gravedad, ya que implica que los acuerdos de la Junta de Gobierno no se han cumplido, que se ha falseado el acta de esos acuerdos y que se han falsificado certificaciones oficiales", en alusión a los diplomas, que, según observó, puntúan a la hora de los concursos.

Indicó asimismo que el grupo socialista va a trasladar el informe que ha recabado al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía, ya que considera que puede haber irregularidades tipificadas en el Código Penal.

En la misma rueda de prensa el portavoz del grupo socialista en el Consistorio murciano, José Manuel Abellán, informó además de que ha presentado en el registro del Ayuntamiento una petición para que se cree una comisión de investigación sobre el vertedero de Cañada Hermosa.

Abellán consideró que los hechos denunciados por los ecologistas en cuanto a la falta de tratamiento de los residuos son "graves" y consideró que "no son puntuales y el Ayuntamiento lo sabía y lo ha consentido".

"Estamos ante una situación gravísima", dijo Abellán, quien apuntó la posibilidad de un delito ecológico que tiene además una incidencia económica ya que el ayuntamiento cobra en la tasa de basuras el tratamiento de las mismas.

Abellán comentó que si los ciudadanos han pagado por un servicio que no se ha realizado el Ayuntamiento debería devolverles el dinero cobrado, tras lo que se preguntó "dónde han estado los servicios municipales de inspección, que no han controlado lo que estaba pasando".