En la rueda de prensa posterior a la del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien expuso algunos detalles de este plan, se refirió también al informe difundido ayer por Amnistía Internacional (AI) sobre violencia de género.

En el mismo, basado en testimonios de decenas de víctimas de violencia de género, AI expone veinte obstáculos que aún afrontan estas mujeres debido a la falta de apoyo público en el ámbito asistencial, judicial y policial para escapar del agresor, proteger su vida y rehabilitarse.

Fernández de la Vega señaló que tiene "mucho interés" por conocer de "forma pormenorizada" el informe y que se va a poner en contacto de "forma inmediata" con AI, para conocer "al detalle" ese estudio y "poder entre todos abordar algo prioritario" como es el funcionamiento "correcto" de la Ley de Violencia de Género.

El Plan de unidades de valoración integral de la violencia de género, que fue presentado hoy por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en el Consejo de Ministros, se pondrá en marcha en Baleares y Murcia el próximo 29 de junio y se completará en las demás Comunidades Autónomas en el segundo semestre del año.

Un total de doce equipos multidisciplinares, compuestos por psicólogos y asistentes sociales, junto a los médicos forenses, que ya operan en los Institutos de Medicina Legal, compondrán estas nuevas Unidades, según informó hoy en un comunicado el ministerio de Justicia.

El objetivo es dar una respuesta específica y especializada, y coordinada entre los diferentes profesionales, que permita un diagnóstico de la violencia de género más allá de la simple búsqueda de signo de agresión concreta, añade el ministerio.

Este nuevo Plan irá acompañado del denominado Protocolo de Tratamiento y Actuación Forense Integral, una herramienta de interconexión informatizada a través de la cual las nuevas Unidades podrán ofrecer un estudio técnico, riguroso y garantista, que contemple la situación integral de las víctimas.

El Protocolo permite, además, un seguimiento estadístico del tipo de intervenciones realizadas por las Unidades de Valoración Integral para observar ciertos estereotipos, como las lesiones más frecuentes, el tipo de comportamientos de agresión, la tipología de las víctimas o las características del clima doméstico violento, entre otros factores que permitan abordar las políticas públicas adecuadas en la lucha contra este tipo de violencia criminal.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica Integral de medidas contra la Violencia de Género exigía adaptar la respuesta de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación social y jurídica, tanto en lo que respecta a la organización de medios humanos y materiales como a los instrumentos mediante los cuales van a llevar a cabo su actuación, agrega el comunicado.

Entre los criterios seguidos por el ministerio de Justicia para la elaboración de este Plan, se ha buscado atender a diferentes niveles de objetivos, tales como el diagnóstico y atención inmediata a la víctima; la adopción de medidas necesarias para la recuperación de la víctima, así como la valoración de los efectos de la exposición de los menores en el ambiente de violencia, o la valoración del agresor y las condiciones de los actos de violencia.

También se ponderará el riesgo de reiteración de conductas o del incremento en el nivel de la agresión, daños colaterales, antecedentes psicológicos o estado previo de la relación interpersonal en la que se genera la violencia, entre otros aspectos.