El Senado polaco aprobó hoy la polémica reforma del Tribunal Supremo impulsada por el Gobierno nacionalista de Ley y Justicia (PiS), una medida que ya fue aprobada anteayer por el Parlamento y que durante los últimos días ha generado protestas en toda Polonia y el rechazo de las instituciones europeas.

Tras más de 16 horas de debate y cerca de 300 enmiendas rechazadas, 55 senadores votaron a favor, frente a 23 votos en contra y 2 abstenciones. Ley y Justicia ha podido aprobar cómodamente el polémico proyecto de ley gracias a su amplía mayoría en las dos cámaras.

Durante la votación, miles de ciudadanos se manifestaban frente al Senado y a la sede del Tribunal Supremo (TS) en Varsovia, al igual que en otras ciudades del país, para pedir al presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado a PiS, que se niegue a ratificar el proyecto de ley e impida su entrada en vigor.

De materializarse, la reforma supondrá el fin del mandato de los actuales jueces del Supremo, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por los nombrados por el Gobierno, algo que la oposición considera inconstitucional y una ruptura del principio de separación de poderes y la independencia de la magistratura.

A la norma votada hoy se suman otras dos aprobadas el pasado 12 de julio dentro de la ambiciosa reforma del sistema judicial impulsada por el Ejecutivo, que dan más poder al ministerio de Justicia en la elección de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces y de los tribunales regionales y de apelación.

"El Gobierno de Ley y Justicia encamina el país a un sistema autoritario como el que existía durante la Polonia comunista", lamentó el portavoz en el Senado del principal partido de la oposición, Plataforma Ciudadana, Bogdan Klich.

Durante el debate también se rechazaron las cinco enmiendas presentadas por un senador de Ley y Justicia, Aleksander Bobko, una de ellas relativa al fin del mandato de los actuales magistrados del TS, lo que obligó a alargar el pleno.

Antes, el presidente de la cámara alta, Stanislaw Karczewski, también de PiS, criticaba a Plataforma Ciudadana por reconocer ahora que el sistema judicial necesita una reforma y no haber hecho nada durante los ocho años en que gobernaron el país (entre 2007 y 2015).

"Gracias a esta reforma vamos a tener tribunales eficientes, honestos y verdaderamente libres", aseguró el presidente del Senado. Por el contrario, los críticos de la norma consideran que ésta tendrá un efecto opuesto, pues facilita la influencia política sobre el TS, posición que también comparte la Comisión Europea (CE).

Bruselas también ha condenado duramente la reforma y su tramitación precipitada, sin apenas debate y consultas con la oposición, y ha dejado la puerta abierta a privar a Polonia de su derecho a voto en la UE si sigue adelante con el proyecto.

El TS tiene un papel muy importante en Polonia, ya que se encarga de supervisar el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones parlamentarias y presidenciales y emite dictámenes sobre proyectos legislativos.

Su relevancia es aún mayor si se tiene en cuenta la reforma del Tribunal Constitucional que entró en vigor el año pasado y que, según sus detractores, ha debilitado deliberadamente la institución y su capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes.

Sin embargo, en palabras del líder de Ley y Justicia y de facto hombre fuerte de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, el TS tiene que ser reformado en profundidad porque está siendo controlado por izquierdistas y fuerzas extranjeras.

Su partido insiste en que este proyecto de ley se inspira en la tradición jurídica polaca durante el período 1928-1939 y asegura que el sistema de elección de jueces propuesto es similar a al seguido en otros países, como Alemania.

Por el contrario, la oposición denuncia que desde la victoria de Ley y Justicia en 2015 el Gobierno de Polonia ha comenzado a "desmantelar el Estado de derecho a través de diferentes etapas, incluyendo la liquidación de la administración pública independiente o de la independencia de los medios de comunicación públicos". Para la mayor parte de la oposición, la reforma del Tribunal Supremo "es el paso final".

En esta lucha Ley y Justicia sabe que tiene a su favor, además de su mayoría en las dos cámaras, la tradicional poca confianza de los polacos en las instituciones públicas, incluidos los tribunales. En un sondeo elaborado en 2016, el 60% de los entrevistados coincidían en que los tribunales velan principalmente por sus propios intereses, mientras que el 57% consideraban que los jueces son corruptos.