El primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, defendió hoy los planes de su Gobierno de detener por motivos de seguridad a todos los solicitantes de asilo, aunque esa decisión vulnere la legislación europea.

"El Gobierno ha decidido restablecer la detención en aquellos casos en los que la solicitud (de asilo) no haya sido resuelta legalmente", declaró el político conservador en una intervención en la radio pública húngara.

"Hasta que no haya un veredicto (sobre la solicitud de asilo) no podrán moverse con libertad por Hungría", declaró Orbán, que reconoció que era una decisión "abiertamente contraria a la Unión Europea (UE)".

Hasta comienzos de 2013 -cuando la llegada de refugiados era mucho menor- la detención de refugiados en centros de internamiento era una práctica casi automática en Hungría y solo gracias a la presión de la Comisión Europea, la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se acabó con ella.

Orbán no ofreció más detalles de cuándo se comenzaría a aplicar la medida ni cómo se iban a articular los cambios legales para ello.

El primer ministro húngaro justificó la necesidad de la medida en "los atentados terroristas en Europa Occidental".

"Cualquier regulación que facilite el terrorismo debe ser cambiada para nuestra propia defensa", sostuvo.

Algunos medios húngaros recuerdan que, según el derecho comunitario, sólo se puede impedir el libre movimiento de la personas de forma individual si existe un riesgo probado para la seguridad.

El ministro de Gobernación húngaro, János Lázár, ya avanzó el jueves los planes del Ejecutivo y los defendió por el "incremento del peligro terrorista y los riesgos a la seguridad", a la vez que citó el atentado de Berlín contra un mercadillo navideño, que causó doce muertos.

El Gobierno de Hungría -país que recibe miles de millones de la UE en fondos estructurales- ha sido criticado por Bruselas en repetidas ocasiones al considerar que mina la separación de poderes y ataca la libertad de prensa.

Hungría fue en 2015 el primer país en levantar alambradas contra la llegada de refugiados y aplica una rígida ley antimigratoria que prevé penas de cárcel por entrar en el país irregularmente.

Varias ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado en varias ocasiones el trato violento que sufren los peticionarios de asilo por parte de las autoridades húngaras.

Según información del Gobierno, en 2016 un total de 29.400 personas solicitaron asilo en Hungría y de ellas se concedió protección a 438.